El límite del gasto del Estado para el 2003 quedará en 109.273 millones
Este límite del gasto del Estado fijado en el marco del nuevo procedimiento parlamentario de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, salió adelante en el Senado con 151 votos a favor, frente a 72 votos emitidos en contra y 8 abstenciones. Con esta votación, el Pleno de la Cámara Alta dio también su visto bueno al compromiso de estabilidad presupuestaria para el período 2003-2005 para el sector público y cada uno de los agentes que lo integran, tal como se acordó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Al término de las respectivas intervenciones de los portavoces de los grupos en el debate, Montoro agradeció el respaldo manifestado por el PP, CC y CiU a este objetivo de equilibrio presupuestario. Montoro explicó que lo aprobado da continuidad a la política de este Gobierno y a su compromiso con la reducción del déficit como "fermento" para mantener las actuales "cotas incesantes" de creación de empleo y seguir avanzando hacia una mayor convergencia con la Unión Europea (UE).
Este novedoso trámite iniciado este año para el control presupuestario, dijo, garantiza una "mayor democracia y transparencia" en la gestión de los fondos públicos por los gobiernos, tanto central como autonómicos, y un mejor control de los "recursos que los ciudadanos ponen en nuestras manos con el pago de impuestos".
Este control del gasto es el que permite, por ejemplo, que este Gobierno pueda volver a reducir el IRPF, especialmente a las familias, los parados y las rentas más modestas del país, añadió. Montoro lamentó la postura de quienes votaron en contra de este equilibrio y en favor del déficit, una política que implica mayores tipos de interés y más impuestos, y que condenaría a España a elevar el desempleo, como ocurría durante los gobiernos socialistas.
Por parte de la oposición, el senador del PSOE Segundo Bru criticó que el Gobierno no quiera tener en cuenta el esfuerzo en el pasado de cada comunidad autónoma en cuanto a estabilidad presupuestaria y "exija" el déficit cero a las autonomías, pese a que el Estado, dijo, pretende cubrir su déficit con el superávit de la Seguridad Social. El Gobierno, sin embargo, alega que la Ley de Estabilidad Presupuestaria permite, mientras continúe el proceso de separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, que se compute conjuntamente en términos contables las cuentas del Estado y de la Seguridad Social.