El fiscal cambiará los cargos en el juicio por fraude del PER
El juicio por presunto fraude en el cobro de subsidios agrarios contra 45 jornaleros de Málaga y dos empresarios agrícolas se reanudará el próximo lunes, tras ser suspendido ayer a petición de la fiscalía, que ha anunciado cambios en las acusaciones para 'beneficiar considerablemente a los acusados'.
Inicialmente, el fiscal había exigido seis años de cárcel para el matrimonio de empresarios compuesto por María Rosario E. y Narciso P., que firmaron más de 27.000 peonadas entre 1990 y 1994 que presuntamente nunca fueron trabajadas y por las que percibían entre tres y 3,9 euros. La documentación acreditativa de estos jornales eran utilizados por los campesinos para solicitar subsidios agrarios, que en conjunto ascendieron a 970.000 euros. Para este grupo de jornaleros la fiscalía exigía dos años de prisión.
Finalmente, otras ocho personas se enfrentaban a cuatro años de cárcel por poner en contacto a campesinos con los empresarios agrícolas, por lo que percibían supuestamente 60 céntimos por cada peonada firmada.
Sin embargo, el fiscal aludió ayer a la jurisprudencia acumulada tras estos hechos para anunciar un cambio 'sustancial' en sus planteamientos.
Concretamente, una sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2001 aclara que no incurren en delito aquellas personas que alteran las condiciones para percibir ayudas públicas inferiores a 10 millones de pesetas (60.101 euros). Desde esta perspectiva, todos los indicios apuntan a que las acusaciones serán retiradas contra todos los imputados, salvo el matrimonio de empresarios.
La virtual retirada de la acusación, sin embargo, no evita que la Seguridad Social reclame por vía administrativa la devolución de los subsidios cobrados indebidamente, tal y como sucedió con 1.200 jornaleros de Moclinejo (Málaga) a los que el Ministerio de Trabajo exige la devolución de seis millones de euros cobrados indebidamente, gracias a los jornales falsos que les acreditó el ex alcalde de ese municipio Enrique Muñoz.