IU demanda a la Junta por coacciones a una caja rural
Izquierda Unida demandó ayer a la Junta por un delito de 'prevaricación, coacciones y amenazas' contra la Caja Rural de Extremadura con el fin de 'someterla a su control'. La Junta suspendió el 25 de febrero su autorización para ciertas actividades por no cumplir una ley regional de crédito cooperativo. La entidad acordó con la Junta días después acatar la norma.
Izquierda Unida de Extremadura ha denunciado a la Junta por un delito de 'prevaricación, coacciones y amenazas' contra la Caja Rural de Extremadura, explicó ayer el coordinador regional de la coalición, Manuel Cañada. Aunque el enfrentamiento entre el Gobierno que preside Juan Carlos Rodríguez Ibarra y la entidad se selló a finales del mes pasado, IU ha querido llevar a los tribunales 'la forma de actuar de la Junta' para 'lograr el control de esta entidad independiente'. Fuentes del sector de las cajas rurales también han corroborado estas amenazas.
La formación política presentó ayer la denuncia ante un juzgado de Mérida contra dos consejeros, el de Economía, Industria y Comercio, Manuel Amigo; y el de Agricultura y Medio Ambiente, Eugenio Álvarez, y contra tres directores generales y la responsable del Servicio de Ayudas Sectoriales de la Consejería de Agricultura.
El conflicto comenzó porque la Junta consideraba que la caja rural debía acatar la ley de crédito cooperativo aprobada el año pasado. æpermil;sta caja esgrimió que su ámbito es nacional y que se regía por la norma estatal. El consejero de Economía, Manuel Amigo, le abrió un expediente a finales de febrero.
Suspenso de autorización
Días antes, el 8 de febrero, Amigo amenazó a directivos de la rural con suspender la autorización para actuar como entidad colaboradora de la Junta, según el escrito de denuncia de IU al que tuvo acceso este periódico. El 25 de febrero la Consejería de Economía comunicó a la caja rural esta revocación, lo que implicaba no poder pagar las subvenciones comunitarias a los agricultores, ni recaudar tributos, ni abonar nóminas a funcionarios y personal de la Junta, entre otros aspectos.
Pero días antes de esta comunicación oficial, al menos un agricultor recibió una carta de la Junta en la que le anunciaba que no podía abonarle las ayudas de la UE en la cuenta de la Caja Rural de Extremadura y solicitaba otra domiciliación, según una copia de la carta en poder de este diario. IU denuncia que la Junta ha aplicado medidas antes de hacer efectiva la suspensión de la caja rural como entidad colaboradora.
Esta revocación no se ha llegado a hacer efectiva, ya que a finales de febrero la caja rural y la Junta llegaron a un acuerdo y la entidad acatará la ley regional, según informó el Ejecutivo extremeño. Un directivo de la entidad dimitió a causa de este conflicto.