El Gobierno catalán prepara la segunda intervención de la mutua L'Aliança
Los consejeros de Economía y de Sanidad, Francesc Homs y Eduard Rius, respectivamente, recibieron ayer la luz verde del consejero jefe catalán, Artur Mas, para intervenir L'Aliança si lo consideran necesario.
Fuentes de Economía negaron que esta autorización, acordada en la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos del Ejecutivo catalán, deba conducir, necesariamente, a una intervención de la mutua. Un comunicado del Gobierno catalán se limita a anunciar que Homs y Mas quedan facultados para 'tomar las decisiones que crean oportunas para garantizar la viabilidad de L'Aliança'.
La Generalitat inspecciona la mutua desde principios de febrero, cuando el Servicio Catalán de la Salud (SCS) detectó doble facturación en el hospital del Sagrado Corazón. El principal centro hospitalario de la mutua había facturado al SCS 7,2 millones de euros por servicios prestados a mutualistas que estos habían satisfecho con sus primas.
La intervención de la mutua, reclamada hace dos días por CC OO, el sindicato mayoritario en el comité intercentros, comportaría la destitución del actual equipo gestor, encabezado por Ramon Carranza, director general de L'Aliança. La actual dirección de la mutua niega la existencia de doble facturación y atribuye la inspección a la voluntad del Gobierno catalán de controlar la entidad.
De hecho, esta argumentación ha servido de base a L'Aliança para presentar una querella contra dos altos cargos de la Generalitat, el director general de Política Financiera, Josep Badia, y el director del SCS, Josep Prat. La querella criminal finalmente no ha sido admitida a trámite, aunque esta decisión ya ha sido recurrida.
Con 203.000 mutualistas, una plantilla de más de 2.000 trabajadores y un presupuesto anual de 132 millones de euros, L'Aliança es la primera mutualidad de Cataluña. Esta condición la ha situado en diversas ocasiones en el centro de importantes controversias.
Segunda intervención
La mutua ya estuvo intervenida entre 1997 y 1999, fecha en la que accedió al cargo el actual director de la entidad, que ya entonces fue acusado de gestión irregular por parte del entonces presidente, Josep Geli, que sería sustituido por Susanna Martín, que hoy continúa en el cargo.
Estas acusaciones de presuntas irregularidades llevaron nuevamente a la Generalitat a tomar cartas en el asunto. En aquella ocasión, se limitó a adoptar medidas cautelares que levantó en octubre de 2001, tras constatar la viabilidad de la entidad.
Geli denunciaba, entre otras cosas, que consejeros de la mutua compatibilizaban su cargo con puestos en las sociedades participadas. El entonces responsable de Economía, Artur Mas, aceptó esta situación porque era perfectamente legal. La nueva ley de mutualidades que prepara su sucesor, Francesc Homs, podría establecer algunos límites a esta duplicidad de tareas.
L'Aliança, por su parte, reclama al Servicio Catalán de la Salud que abone los 14 millones de euros comprometidos en el plan de viabilidad que continúan pendientes de cobro.