'Hay inseguridad jurídica porque no existe presupuesto'
Rafael Iturriaga preside desde hace cuatro años el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, el último de ellos en 'prórroga', puesto que la renovación del cargo correspondía a 2001. Considera que Euskadi no cuenta con una Ley de Presupuestos en 2002 y que estas cuentas son en realidad una prórroga de las de 2000, las últimas aprobadas por el Parlamento de Vitoria. Además, cree que hay una alta inseguridad jurídica porque cualquier particular podría recurrirlas con éxito en los tribunales.
Pregunta. ¿Qué opina de los Presupuestos de 2002, aprobados al 70% el pasado 23 de enero?
Respuesta. La normativa indica que al 1 de enero el Parlamento ha debido aprobar las cuentas del ejercicio en cuestión. De lo contrario, se aplica automáticamente la prórroga de las anteriores, en este caso las de 2000. Así que ahora funcionamos con prórroga. Y el Parlamento no aprobó a finales de enero unos Presupuestos, porque éstos tienen una tramitación especial. En ese proyecto no aparece el artículo 1, que concentra la legitimación de las propias cuentas, ya que es la declaración expresa del Parlamento, por la que respalda las partidas de ingresos y gastos presentadas por el Gobierno. Es la base de la que cuelga el racimo, porque a partir de este punto viene el desarrollo posterior. En definitiva, hay prórroga y lo que no hay es una habilitación parlamentaria para la realización de ingresos y gastos diferentes.
P. ¿Qué problemas pueden surgir de esta situación?
R. Hay una gran inseguridad jurídica. Aunque parece que los partidos de la oposición no van a recurrir, un particular pudiera reclamar a los tribunales. Por ejemplo, un empresario al que no se le conceda una subvención. Y si gana el caso, ¿qué puede pasar? Sería catastrófico, porque esas cuentas no tienen sustrato, la sentencia pudiera calificarlas de nulas, porque no son habilitadoras de ingresos y gastos. El Parlamento no aprobó una Ley de Presupuestos, eso fue un artificio, y el Gobierno se arrogó una facultad que no tiene.
P. Entonces, ¿a qué se le dio luz verde ese 23 de enero?
R. En el mejor de los casos, lo aprobado es un avance, a la espera de un presupuesto, y desde luego no se puede calificar como un presupuesto parcial. Si la mayoría del Parlamento respaldara mañana unas cuentas nuevas, lo anterior no tendría valor.
P. ¿Y cuál es su recomendación con este escenario?
R. Cumplir al pie de la letra el reglamento de la prórroga y no moverse de ahí, a la espera de tiempos mejores.
P. ¿Y sobre los créditos adicionales de 145 millones que Ibarretxe presentará al Parlamento para rellenar ese 30% no aprobado el 23 de enero?
R. El Gobierno tendría que reclamar a la Cámara la aprobación de un documento que incluyera la cifra consolidada del proyecto de presupuestos (6.600 millones de euros). Pero funcionamos en una situación real de prórroga completa, que no se puede cuartear.
P. ¿Dónde está la salida?
R. Con dos presupuestos prorrogados, la situación te obliga a pactar o a disolver el Parlamento.
P. ¿Qué opina de la reciente mayoría parlamentaria que permitió aprobar la pensión completa para aquellos políticos que acumularan cuatro años en la cámara en dos legislaturas (esta decisión fue luego revocada por las protestas sociales)?
R. Inoportuna y poco explicada. La dedicación a la política debe estar atendida por profesionales, pero tiene el problema de la inseguridad sobre el futuro, por lo que debiera ofrecer una cobertura especial, pero no de privilegio. Lo que no se explicó es que después de los cuatro ejercicios citados, las personas siguen trabajando hasta los 65. Pero la imagen de ese acuerdo ha sido totalmente negativa. Los partidos no pueden estar escenificando una ruptura del consenso parlamentario para luego unirse en un tema tan concreto. No podemos estar sin presupuesto y darle importancia al precio de unas cortinas, por poner un símil. Y si se han echado para atrás, no podrán reabrir ese proceso, lo han quemado.
P. ¿Qué otros análisis realiza de las actividades presupuestarias del Gobierno?
R. La crisis política concentra los esfuerzos del Ejecutivo, que ha bajado su ritmo inversor porque no puede estar en todos los frentes. La burocracia no funciona automáticamente. Las inversiones hay que pensarlas, y eso no lo hace un funcionario. Además, la política de superávit puede ser un error de gestión, porque no sabes gastar. Y si no lo haces, no recaudes. En las cuentas del 2000, que presentamos este mes, se verá ese retroceso inversor. Calculamos que hay un remanente de tesorería de 643 millones.