El Gobierno crea un registro de empresas de inserción laboral
El Gobierno de Aragón ha aprobado un real decreto que regula por primera vez en España un procedimiento de calificación y registro de empresas de inserción laboral y ordena, amplía e incrementa las ayudas que hasta la fecha tenían estas sociedades.
Esta regulación surge de la necesidad de profundizar en la definición de este tipo de compañías, a las que el Gobierno de Aragón viene subvencionado desde 1999 y buscar fórmulas que potencien su desarrollo.
Esta iniciativa tiene, pues, un doble objetivo: integrar a los colectivos con riesgo de exclusión del mercado laboral (mujeres maltratadas, ex drogadictos, presos que ya han cumplido su pena, disminuidos psíquicos y físicos, entre otros) e intentar rebajar la tasa de paro, que estando en el 7,5% ¢demuestra que el desempleo existente es de carácter estructural¢, según ha explicado el consejero de Hacienda, Eduardo Bandrés.
Las empresas de inserción laboral son aquellas que, realizando un trabajo productivo de bienes y servicios, tienen como fin primordial la integración socioprofesional de personas en situación o amenaza de exclusión social.
En el año 2002, el Gobierno regional, a través de Instituto Aragonés de Empleo, destinará 14,2 millones de euros a la promoción directa del empleo, de los que 721.214 euros se dedicarán a este tipo de sociedades.
En Aragón hay actualmente seis empresas de este tipo, dedicadas, entre otras cosas, a la restauración de muebles, la recogida de ropa usada, la albañilería y la manipulación y montajes industriales. Con su regulación, el Gobierno pretende dar empleo a unos 500 trabajadores y favorecer la constitución de unas 12 empresas.
Un decreto con novedades
El decreto presenta las siguientes novedades: regula por primera vez un procedimiento de calificación y registro de empresas de inserción laboral, define el proceso de incorporación de trabajadores en exclusión, amplía los colectivos enumerados como protegidos y susceptibles, por tanto, de generar derechos y ayudas y reduce al 30% la proporción que ha de suponer el número de trabajadores protegidos con respecto a la plantilla total. Hasta 2001 se exigía el 60%. Es obligatorio que estén participadas en un 50% por una entidad sin ánimo de lucro.
Las ayudas se estructuran en cuatro bloques: por creación de empleo protegido, por inversiones, para asistencia técnica y para inserción en el mercado de trabajo ordinario.