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Aragón

El Gobierno crea un registro de empresas de inserción laboral

El Gobierno de Aragón ha aprobado un real decreto que regula por primera vez en España un procedimiento de calificación y registro de empresas de inserción laboral y ordena, amplía e incrementa las ayudas que hasta la fecha tenían estas sociedades.

Esta regulación surge de la necesidad de profundizar en la definición de este tipo de compañías, a las que el Gobierno de Aragón viene subvencionado desde 1999 y buscar fórmulas que potencien su desarrollo.

Esta iniciativa tiene, pues, un doble objetivo: integrar a los colectivos con riesgo de exclusión del mercado laboral (mujeres maltratadas, ex drogadictos, presos que ya han cumplido su pena, disminuidos psíquicos y físicos, entre otros) e intentar rebajar la tasa de paro, que estando en el 7,5% ¢demuestra que el desempleo existente es de carácter estructural¢, según ha explicado el consejero de Hacienda, Eduardo Bandrés.

Las empresas de inserción laboral son aquellas que, realizando un trabajo productivo de bienes y servicios, tienen como fin primordial la integración socioprofesional de personas en situación o amenaza de exclusión social.

En el año 2002, el Gobierno regional, a través de Instituto Aragonés de Empleo, destinará 14,2 millones de euros a la promoción directa del empleo, de los que 721.214 euros se dedicarán a este tipo de sociedades.

En Aragón hay actualmente seis empresas de este tipo, dedicadas, entre otras cosas, a la restauración de muebles, la recogida de ropa usada, la albañilería y la manipulación y montajes industriales. Con su regulación, el Gobierno pretende dar empleo a unos 500 trabajadores y favorecer la constitución de unas 12 empresas.

Un decreto con novedades

El decreto presenta las siguientes novedades: regula por primera vez un procedimiento de calificación y registro de empresas de inserción laboral, define el proceso de incorporación de trabajadores en exclusión, amplía los colectivos enumerados como protegidos y susceptibles, por tanto, de generar derechos y ayudas y reduce al 30% la proporción que ha de suponer el número de trabajadores protegidos con respecto a la plantilla total. Hasta 2001 se exigía el 60%. Es obligatorio que estén participadas en un 50% por una entidad sin ánimo de lucro.

Las ayudas se estructuran en cuatro bloques: por creación de empleo protegido, por inversiones, para asistencia técnica y para inserción en el mercado de trabajo ordinario.

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