Francia, Italia y Holanda impiden que la CE declare ilegales las ayudas al gasóleo
Los Gobiernos de Francia, Italia y Holanda han impedido a la Comisión Europea analizar sus regímenes de ayudas fiscales al gasóleo profesional para el transporte por carretera de pasajeros y mercancías, que el Ejecutivo comunitario iba a declarar ilegales.
Según confirmó ayer un portavoz comunitario, estos tres países han escrito una carta a la Comisión Europea en la que invocan un artículo del Tratado de la UE (88.2), que establece que, a petición de un país, el Consejo de Ministros de la UE puede autorizar por unanimidad una ayuda pública. Generalmente, la autorización o prohibición de las ayudas de Estado es competencia de la Comisión Europea, en ejercicio de sus poderes para la defensa de la competencia, pero el portavoz, Gilles Gantelet, aclaró que la iniciativa de estos tres Gobiernos está de acuerdo con el Tratado y, por tanto, la Comisión tienen que acatarla. Ahora, el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) tiene un plazo de tres meses para pronunciarse sobre si las ayudas que reciben los transportistas de estos tres países son legales. Esta decisión debe tomarse por unanimidad, 'incluso por los países que no dieron ayudas', recalcó el portavoz. Si en este periodo el Consejo no ha dado su visto bueno, el dossier volverá a la Comisión.
Gantelet recordó que estos tres países adoptaron ayudas a los transportistas (en forma de exención a los impuestos especiales del gasóleo profesional) en otoño de 2000, cuando el precio del petróleo alcanzó los 30 dólares por barril, mientras que ahora está por debajo de los 20 dólares. En marzo de 2001, el Ecofin dio su visto bueno y las autorizó hasta diciembre de 2002, pero advirtió que ello no impedía que la Comisión declarase ilegales las ayudas desde el punto de vista de la competencia en el mercado único.
Según fuentes comunitarias, la comisaria de Transportes, Loyola de Palacio, iba a proponer declarar ilegales las subvenciones, pero sin exigir su devolución, ya que sus beneficiarios actuaron con 'confianza legítima', suponiendo que tenían derecho a las ayudas.