Los trabajadores de Sintel amplían la querella contra Villalonga

Los trabajadores de Sintel presentaron ayer en la Audiencia Nacional una ampliación de la querella contra los presuntos responsables de la descapitalización de la empresa, planteada por el fiscal anticorrupción y admitida a trámite por el juez Baltasar Garzón en julio del año pasado.

En el texto, los trabajadores piden que se amplíe la responsabilidad a todos los miembros del consejo de administración de Telefónica en 1998, es decir, al entonces presidente de la compañía, Juan Villalonga; al vicepresidente ejecutivo, Javier Revuelta; a los vicepresidentes, José María Concejo, Isidro Fainé y Francisco Gómez Roldán, así como a los 15 vocales, entre los que se encontraban César Alierta y Alberto Cortina.

Uno de los asesores jurídicos de los trabajadores, Francisco Hernando, considera que los hechos descritos en la querella, que también imputa a Telefónica como responsable civil subsidiaria, pueden suponer un delito de extorsión, castigado con la pena de uno a cinco años de prisión.

Según Hernando, el consejo de administración de Telefónica de entonces coaccionó a Sintel para que avalase el endeudamiento contraído por Mas Tec y, más en concreto, por sus propietarios, los Mas Canosa. Mas Tec Internacional fue la empresa que compró Sintel a Telefónica y que nunca pagó la adquisición. 'Estos hechos significaron el estrangulamiento económico de Sintel que le llevó a la situación de crisis y a la quiebra hace ahora un año', dijo.

Por otra parte, Adolfo Jiménez, presidente del comité intercentros de Sintel, apuntó que el Gobierno no está cumpliendo con el acuerdo suscrito el 3 de agosto pasado con los trabajadores. 'Sólo ha puesto en marcha el apartado de las prejubilaciones para 470 empleados. Si el Gobierno no cumple el pacto, volveremos a las movilizaciones', advirtió Jiménez. Y recordó que el Ejecutivo rechaza la oferta de Televik, interesada en adquirir Sintel y dar trabajo a 1.200 personas.