El PP baraja una tasa sobre las antenas de telefonía móvil

Las compañías de telefonía móvil sufrirán otro varapalo si prospera la propuesta de la máxima representante de los ayuntamientos españoles, Rita Barberá, de crear una tasa municipal para las antenas. La alcaldesa de Valencia ha presentado una enmienda al XIV Congreso del PP en la que propone, entre otras formas de financiación municipal, este gravamen.

Una nueva tasa municipal por la explotación de antenas de telefonía móvil sería, según la propuesta de Rita Barberá, una de las vías de financiación que compensaría la eliminación parcial del impuesto de actividades económicas (IAE) que prometió el Gobierno de José María Aznar.

El Partido Popular se negó ayer a desvelar el texto de las diversas enmiendas presentadas a título particular por la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), después de que el diario Levante informara en sus páginas de información local de las intenciones de Barberá.

Según fuentes del partido, la enmienda en cuestión no se refiere a las antenas de telefonía en particular, sino que genéricamente reclama nuevas formas de financiación local, entre las que cabría una tasa sobre una actividad que no está gravada por ser relativamente nueva, como es la telefonía móvil, pero que se puede equiparar a las de otras empresas de telecomunicaciones, como las de cable, que sí pagan a los ayuntamientos por ocupar el subsuelo. Estas fuentes tampoco especificaron en concepto de qué pagarían las empresas propietarias de las antenas, ya que la ocupación del espectro radioeléctrico está ya gravada con una tasa estatal y el espacio físico que ocupan pertenece mayoritariamente a las comunidades de vecinos, a las que se paga un alquiler.

Las enmiendas de Barberá se dirigen a la ponencia titulada El Estado en el siglo XXI: la nuevas responsabilidades, elaborada por la ministra de Educación, Cultura y Deportes, Pilar del Castillo, y por el secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga. El contenido de las enmiendas se dará a conocer durante el congreso, que se celebrará del 25 al 27 de enero.

Las propuestas de Rita Barberá, que no están incluidas en las del PP de la Comunidad Valenciana por afectar a su cargo de máxima representante de la municipalidad, coinciden con el inicio de las negociaciones entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda en torno a la financiación municipal.

Pago por espectro

Esta iniciativa de imponer la tasa a las operadoras por instalar las antenas del móvil sorprendió ayer a las compañías afectadas, como lo hizo en su día la tasa por la utilización del espectro radioeléctrico. A pesar de que el Gobierno ha rebajado la cuantía un 75% para los próximos años, las cuatro operadoras han recurrido el caso ante la Audiencia Nacional.

Las empresas tendrán que pagar, junto al resto de empresas que utilizan el espectro radioeléctrico, 240,4 millones de euros anuales -con un 5% de aumento cada año- hasta 2005, según decidió el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el mes de diciembre, tras un largo enfrentamiento con las empresas.

Las operadoras están perplejas, además, por el caos generado en el sector tras los cuatro casos de cáncer infantil detectados en 15 meses entre los alumnos del colegio público Antonio García Quintana, de Valladolid, próximo a una estación de telefonía móvil. Insisten en que un estudio científico descarta totalmente la relación entre la enfermedad y la emisión de las antenas.

Técnicos del Ministerio de Ciencia y Tecnología sugieren que "el causante del cáncer puede ser un agresivo químico, bencenos o productos de limpieza".

La secretaria federal de Medio Ambiente del PSOE, Cristina Narbona, lamentó ayer en Valladolid que "los ingenieros de telecomunicaciones se hayan atribuido la evaluación del riesgo médico de las antenas. Los ingenieros están para medir, no para evaluar el riesgo".

Narbona manifestó que "los responsables de esta profesión hacen el juego a las empresas del sector, que pretender trasladar a los ciudadanos que la telefonía es inocua". Para Narbona, "se está sobrecargando el espacio de infraestructuras que tienen riesgo, cuando en países exigentes, como en Nueva Zelanda (donde el límite de densidad de potencia emitida es 9.000 veces menor que en España y la UE), la cobertura no es peor". El PSOE pide al Gobierno "una regulación efectiva y avanzada que proteja a los ciudadanos y recoja el principio de precaución".

Cuatro meses después de que el Gobierno aprobase el real decreto que regula la instalación de antenas de telefonía móvil continúa la alarma social entre ayuntamientos , comunidades y operadoras. æpermil;stas piden que el Gobierno ponga orden en la legislación, que cuenta con diferentes normativas estatales, municipales y autonómicas.

El PSOE de Fuengirola (Málaga) presentó ayer una moción en la que propone una moratoria para que se suspenda cualquier instalación de telefonía móvil en el municipio.

 

Birulés dará explicaciones en el Congreso el 12 de febrero

La ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, comparecerá ante la comisión del Congreso el próximo 12 de febrero para informar sobre las medidas adoptadas por el Gobierno respecto al decreto que regula las emisiones de las antenas del móvil, aprobado el pasado 28 de septiembre. Con ello responde a la demanda de la oposición de dar explicaciones tras la polémica surgida por los cuatro casos de cáncer infantil detectados en 15 meses entre los alumnos del colegio Antonio García Quintana, de Valladolid.

La oposición también exige al Gobierno modificar el real decreto por considerar que "no es suficiente para definir las limitaciones de las emisiones radioeléctricas". En plena polémica, el Ejecutivo ha decidido tomar medidas adicionales que tienen como objetivo la inspección especial de las antenas en aquellos centros sensibles (colegios, guarderías, institutos, hospitales o ambulatorios).

De momento, las operadoras cuyas antenas de telefonía estén a 100 metros o menos de este tipo de centros deberán reducir las emisiones. Tanto en el Ministerio de Ciencia y Tecnología como en las compañías de telefonía insisten en que "no se trata de disminuir las distancias de las antenas. Este hecho sólo obligaría a transmitir a una potencia más elevada que la actual y haría inviable el servicio". Consideran que hay que corregir los niveles de exposición con la altura de la antena y su inclinación.

Para controlar todas las fuentes de emisión (no sólo las procedentes de las de telefonía móvil), el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene previsto realizar varias pruebas en 50 puntos sensibles de Madrid y sus alrededores.

Para reducir la alarma social, el Ejecutivo hará público un informe anual que realizará con todas las informaciones que reciba de las operadoras. También facilitará a los ayuntamientos la documentación sobre los niveles de emisiones de las 30.000 antenas.