El Supremo confirma a Roig como primer accionista del Valencia
El segundo accionista, el también ex presidente Pedro Cortés, tiene apenas un 2,7%, ya que existen 35.000 socios con participaciones pequeñas.
El ex presidente del Valencia Club de Fútbol Francisco Roig fue confirmado ayer como máximo accionista del club, con aproximadamente el 16% del capital, al considerar el Tribunal Supremo válida la ampliación de capital que realizó la sociedad en 1996.
El segundo accionista, el también ex presidente Pedro Cortés, tiene apenas un 2,7%, ya que existen 35.000 socios con participaciones pequeñas.
De haberse anulado la ampliación, el club habría pasado a tener un capital de 4,33 millones de euros, con Pedro Cortés como primer accionista, con sólo un 2,5%, y un capital muy repartido entre 20.000 personas.
La ampliación, de 4,92 millones de euros, fue aprobada por la junta general con exclusión del derecho de suscripción preferente y suscripción de un máximo de nueve acciones por persona.
Se hizo así porque el consejo de administración presidido entonces por Roig anunció que la operación iba dirigida a atomizar más aún el capital con la entrada de nuevos accionistas.
Sin embargo, poco después de cerrarse la operación se supo que un grupo de directivos había acaparado la mayoría de las nuevas acciones por medio de testaferros, algunos de ellos residentes en Galicia y Cataluña.
Entre quienes más acciones nuevas reunieron se encontraban Francisco Roig, Pedro Cortés y otros cinco miembros del consejo de administración.
Un grupo de accionistas agrupados en la Fundación Valencia CF consiguió en primera instancia, en enero de 1998, que un juez anulase la ampliación porque se engañó a los pequeños accionistas, pero la Audiencia de Valencia revocó la sentencia un año después.
No hubo engaño del consejo
La fundación recurrió al Supremo, que ha validado la ampliación con independencia de que "algunos actos de suscripción o transmisión de acciones hayan podido conculcar normas jurídicas imperativas o prohibitivas y puedan ser impugnados" por otra vía procesal.
Según la sentencia, la actuación que se expresa como causa de la nulidad pretendida "no es atribuible al consejo de administración como tal", pues "no se adoptó en ese sentido acuerdo o decisión alguna colectiva".
En este sentido, existe una causa penal abierta por presunta estafa contra los siete consejeros que ampliaron su participación en aquella ampliación de capital.