La renta agraria mejoró el año pasado a pesar de las crisis alimentarias
El año agrario que ahora expira será recordado por las crisis alimentarias. La enfermedad de las vacas locas, la peste porcina, el aceite de orujo con benzopireno o la fiebre aftosa han marcado al sector en 2001 y han definido un nuevo modelo productivo, provocado por la alarma social generada y la consiguiente preocupación de las Administraciones por garantizar producciones más naturales y controladas. Para el campo europeo, la encefalopatía espongiforme bovina (EEB, el mal de las vacas locas) es casi como un 11 de septiembre; hubo un antes y habrá un después.
Las pérdidas que esta crisis ha supuesto para los productores en España rondan los 901,5 millones de euros, según la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG); 841,4 millones, según la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), y 601 millones, en opinión de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).
La peste porcina y el orujo de oliva con benzopireno (la fiebre aftosa apenas tuvo incidencia en España) se saldaron con pérdidas de 30 millones de euros cada uno, según la COAG.
No obstante, la renta agraria ha crecido (un 4%, según el Ministerio de Agricultura, y un 2,7%, según Eurostat). Y ello a pesar de las pérdidas ocasionadas por los problemas sanitarios de los alimentos y el crecimiento del coste de los insumos (la subida del petróleo y de los fertilizantes suponen un gasto extra para los agricultores de 1.502,5 millones de euros, calcula la COAG). En la renta debía afectar, además, la reducción de algunas producciones y las restricciones de ayudas que contemplan varias organizaciones del mercado.
En este contexto, el crecimiento de la renta agraria sólo se puede deber a la galopante pérdida de efectivos agrarios y a la subida de los precios. UPA cifra en 50.000 el número de personas que abandonaron el campo en 2001 y sostiene que, a pesar del aumento, España se sitúa "entre los países de la Unión Europea con menores índices de crecimiento, en concreto en el número 11, por lo que aumenta el diferencial de competitividad con los países de nuestro entorno".
El efecto de la PAC
Los cultivos españoles sufrieron en el año que acaba de concluir fuertes penalizaciones, que tuvieron su origen, al menos en una parte considerable, en los objetivos de la nueva política agraria común (PAC), que recogen una mayor liberalización de los mercados y, en consecuencia con ello, una sustancial reducción de las ayudas. El arroz, el maíz y el aceite de oliva, entre otras producciones, cayeron en esta tela de araña.
No fue éste, sin embargo, el único elemento que influyó en la evolución del sector agrario español en 2001. Conviene recordar que fueron revisadas igualmente las organizaciones comunes de mercado del algodón, la remolacha azucarera, los frutos secos y las producciones de ovino y caprino. Por otra parte, también se intentó apaciguar la guerra del tomate entre España y Marruecos con un acuerdo que pretende poner fin a las reiteradas superaciones de los cupos de exportación impuestos por la UE al país magrebí.
A lo largo de 2001 se aprobó, a su vez, el Plan Nacional de Regadíos, cuyo desarrollo y aplicación, amén de levantar ampollas en las zonas que tendrán que donar agua y una oleada de protestas que llegó hasta Bruselas, tratará de ordenar la distribución del agua en España (las canalizaciones hacen que se pierda el 40% de las aguas). La dotación presupuestaria del plan será de 5.024 millones de euros entre la aportaciones privadas y públicas.
El vino prolonga su recesión otra campaña
El año que termina tampoco fue bueno para el vino. El sector vitivinícola ha vivido en 2001 una de sus mayores crisis.
Durante los primeros seis meses, el mercado estuvo paralizado por la presión del récord de cosecha de la campaña anterior y, aunque las destilaciones fueron importantes, no implicaron una subida de precios.
Según los datos de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), la vendimia de 2001, aun siendo un 23% menor en producción, sufrió descensos vertiginosos, de entre un 20% y un 50% en los precios de la uva, sobre todo en las variedades tintas.
Esta organización agraria se queja, además, de que los agricultores españoles no han recibido apoyo del Ministerio de Agricultura y de que no se cumplan los pocos acuerdos alcanzados en algunas regiones con las industrias vinícolas.