Las empresas de áridos reclaman un plan de ordenación minera
El sector extractivo de áridos de Andalucía exige a la Junta un plan de ordenación minera que le dé seguridad jurídica frente a nuevas normas de ayuntamientos y otras Administraciones. La región congrega 300 canteras y 150 empresas que facturan más de 300 millones de euros y emplean a 20.000 personas.
Los prolongados conflictos sociales desatados en Málaga y Granada contra las canteras extractivas de áridos, que libran su última batalla en los tribunales de Justicia, han conducido al sector a plantear ante la Administración andaluza un plan de ordenación minera que les dé seguridad jurídica en su actividad.
"Necesitamos que se respeten los derechos mineros en Andalucía y no se infrinjan por normas nuevas, ya sean de la Junta, de los diferentes ayuntamientos o de cualquier otra Administración. El sector necesita seguridad jurídica", recalca el gerente en funciones de la Asociación Nacional de Fabricantes de Áridos (Anefa) en Andalucía, Carlos Ramírez. "Existen muchos intereses contra las canteras, hay municipios que ni siquiera las permiten en su territorio, la hostilidad es permanente", insiste Manuel Dumont, gerente de la Asociación de Canteras de Granada.
Aunque los problemas más graves se han producido en Málaga y Granada, la situación "es general en toda Andalucía, siempre hay una Administración que nos pone pegas", dice Dumont.
El conflicto de Granada estalló en 2000 cuando el Ayuntamiento de Padul remitió a la fiscalía una denuncia porque presumiblemente las canteras de la zona interferían en el parque natural de Sierra Nevada. Esta primera denuncia dio lugar a un procedimiento penal, aún en fase de instrucción, y el cierre cautelar de dos canteras.
Hace menos de tres meses el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Málaga falló a favor de los vecinos de Alhaurín de la Torre (Málaga) que durante años han batallado contra las canteras del municipio. En la sentencia se ordenó el cierre de cuatro de las ocho explotaciones del municipio por apreciar anomalías en los permisos administrativos.
Las cuatro explotaciones siguen abiertas a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resuelva el recurso interpuesto por las empresas condenadas.
El origen de las batallas que se libran en Málaga y Granada es idéntico. En ambos casos son explotaciones que llevan activas décadas y se han visto afectadas por el crecimiento urbano y la protección medioambiental.
Crecimiento urbano
"Alhaurín tenía 2.000 vecinos en los años sesenta, cuando empezaron las explotaciones de áridos en el municipio, ahora sobrepasa los 22.000 habitantes. Hay urbanizaciones próximas a las canteras y las normas urbanísticas nunca han limitado la construcción, nunca han previsto este problema. Queremos que estas situaciones no se vuelvan a repetir, que se tengan en cuenta también nuestros derechos", señala Ramírez.
En un sentido similar se pronuncia Manuel Dumont, cuando recuerda que la más reciente de las cinco explotaciones de Padul tiene más de 20 años y la Ley de Espacios Protegidos apenas si cuenta con una década de historia. "Obviamente no nos oponemos a que se proteja la naturaleza, pero lo lógico es oír al sector cuando se va a regular algo que le afecta".
Los afectados insisten en que trabajan e invierten en circunstancias jurídicamente inseguras. "Nunca sabemos si el ayuntamiento o cualquier otra Administración se nos va a echar encima", precisa Dumont, a pesar de la transcendencia que los áridos tienen en sectores como la construcción.
Andalucía tiene actualmente en explotación algo menos de 300 canteras y unas 150 empresas se dedican a esta actividad, en la que emplean a unas 20.000 personas, con una facturación que supera los 50.000 millones de pesetas (300,5 millones de euros).