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La SEPI pone en venta el 6,3% de Ebro Puleva todavía en su poder

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha decidido comenzar el proceso que conduzca a la desnacionalización del grupo alimentario Ebro Puleva. En el marco de la nueva ola de privatizaciones puesta en marcha, el Gobierno venderá el 6,3% de la compañía que aún controla a través de las sociedades pública Alicesa y Mercasa.

La SEPI ha decidido poner fin a cuatro años de aventura en el capital de grupo azucarero lácteo Ebro Puleva. Para solventar la contradicción que suponía que un Gobierno plenamente decidido en su estrategia de privatizaciones mantuviera un 6,3% de una sociedad como Ebro Puleva y controlara su gestión, ayer Alicesa remitió un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que desvelaba que el Estado se propone estudiar, a la mayor brevedad, las condiciones y forma de enajenación de las acciones "de manera que la desinversión de las mismas sea ordenada y tenga lugar con plena observancia de la legislación del mercado de valores".

Fuentes de la SEPI aseguraron ayer que el comunicado de Alicesa a la CNMV no hace sino refrendar la decisión ya manifestada públicamente por su presidente Ignacio Ruiz-Jarabo de que finalmente el Estado únicamente conservará la titularidad de las empresa públicas RTVE, Efe y Hunosa.

Subrayaron que aún no hay abierto ningún proceso de venta "y, por tanto, no se ha tomado decisión alguna sobre como se llevará a cabo la desinversión".

A precios de cierre de ayer (10,99 euros, 1.828 pesetas), el 6,3% que controla el Estado en Ebro Puleva tiene un valor de 14.175 millones de pesetas. La Administración reparte su participación en la compañía a través de dos sociedades; Alicesa, que controla un 2,1%, y Mercasa, que posee un 4,2% de la compañía presidida por José Manuel Fernández Norniella.

En paralelo a esta decisión de desinvertir, Alicesa también comunicó ayer a la CNMV que ha recibido una notificación de los juzgados de Madrid de una demanda interpuesta en su contra por el Grupo Torras, sociedad del grupo kuwaití KIO.

La demanda exige a Alicesa el cumplimiento del contrato de opción de compra firmado por ambas entidades el 30 de diciembre de 1997, que establecía un contrato de compraventa irrevocable de la participación del 7% que KIO poseía en la compañía Azucarera Ebro Agrícolas. Por entonces todavía no se había fusionado con la láctea Puleva.

En su comunicación a la Comisión, Alicesa precisa que se ha opuesto a la compra de las acciones "dado que jurídicamente no es posible ejecutarlo ni efectuar la compra en los términos reclamados por el Grupo Torras".

El contrato en cuestión establecía un precio por acción de 3.000 pesetas más una revalorización anual del 10% en un periodo máximo de tres años. Este precio pactado elevaría a día de hoy el importe del acuerdo a casi 31.000 millones de pesetas, cuando el mismo paquete de acciones tenía un valor ayer de 15.750 millones.

Alicesa precisó ayer que la intención de vender las acciones en Ebro Puleva por parte del Estado no afecta a este 7% en litigio con KIO.

 

El pacto envenenado de Loyola de Palacio

En 1997 el enemigo declarado de la estabilidad del negocio del azúcar nacional y de sus cuotas de producción era el grupo francés Saint Louis, uno de los primeros socios del recién fusionado grupo Azucarera Ebro Agrícolas.

El riesgo de que los franceses pactaran un acuerdo de compra de la participación de KIO, y por tanto pasara a controlar el mayor grupo azucarero nacional, movilizó un enorme caudal de presión política desde Castilla y León.

Esta presión obligó a la entonces ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, a atar a los kuwaitíes a cualquier precio. Y lo hizo. Firmo un acuerdo que hoy es calificado por expertos del sector como un auténtico pacto envenenado, desde la perspectiva que presupone y asegura una revalorización anual de las acciones del 10%. Hoy la SEPI no entra en la validez del contrato. Simplemente apela, para justificar su negativa a pagar el precio, a que la empresa tiene pasivos ocultos que no justifican ese precio pactado.

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