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Comerciantes y Gobierno debaten hoy el conflicto de las tarjetas

Tras más de un mes de campaña reclamando la revisión de las comisiones de las tarjetas de crédito que se cobran a los pequeños y medianos comerciantes, los representantes de las principales centrales de compra se reunirán hoy con el director general de Política Comercial, Manuel Lagares, para plantearle una serie de medidas concretas.

El presidente y la gerente de Anceco (que engloba a 142 centrales con más de 30.000 comercios y un millar de fabricantes y mayoristas, y con una facturación superior a los cinco billones de pesetas) pedirán medidas concretas que eviten las diferencias de comisiones que existen ahora en España, así como un acercamiento a la situación que rige en Europa donde el porcentaje que pagan los comerciantes es sensiblemente inferior. Según Laura López, gerente de Anceco, van a plantear al Gobierno la necesidad de contar con una legislación específica que limite e iguale las comisiones, "ya que se trata de una posición de dominio sobre la que no existe alternativa".

Envíos masivos de correos

Esta reunión llega después de un mes bombardeando con correos electrónicos a diversos estamentos de la Administración, diputados, bancos, cajas de ahorro, etc. En estos mensajes se denuncian "los agravios comparativos que hacen las entidades financieras al pequeño y mediano empresario comercial español al aplicarles las actuales tasas por las tarjetas de crédito y débito". Según López, desde el pasado 15 de noviembre, las 142 centrales de compra, que integran la asociación más unos 3.000 a 4.000 empresarios y comerciantes, han hecho a diario envíos masivos del citado correo electrónico.

Anceco solicitará hoy al Gobierno "su intervención para regular" la situación actual. "Una intervención que se podría traducir con una simple mediación con las entidades financieras o con una legislación adecuada".

La patronal de las centrales de compra considera "grave la no actuación contundente del Gobierno frente a esta posición de abuso que ejercen las entidades financieras y que perjudica al sector comercio, uno de los principales en aportación al PIB español y de creación de empleo". También cree que "existen condiciones económicas discriminatorias" y que los emisores de tarjetas están realizando "una explotación sobre los comerciantes, por la situación de éstos de dependencia económica" de dichos emisores.

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