Garzón declara ilegales Gestoras pro Amnistía por formar parte de ETA
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acordó ayer "declarar la ilicitud de las actividades de Gestoras pro Amnistía", de la que dice que, "desde su inicio, ha sido una organización creada, diseñada, protegida, impulsada y financiada por ETA", informa Efe.
Garzón comunicó su decisión a las delegaciones del Gobierno en el País Vasco y en Navarra, al Ministerio del Interior y a la Consejería de Interior del Gobierno vasco "a efectos de su conocimiento y cumplimiento de la misma", lo que significa que, en lo sucesivo, deberán prohibirse las manifestaciones y demás actos públicos convocados por Gestoras. Esta organización, al haber sido ilegalizada, no podrá en lo sucesivo recibir subvenciones destinadas a su financiación y mantenimiento.
El juez afirma en su resolución que, a partir de la ¡documentación y las declaraciones que obran en la causa, "puede afirmarse" que Gestoras desarrolla, entre otras actividades, la "captación de militantes para la estructura operativa de ETA a través de sus sedes y responsables, aprovechando la sensibilidad que concita la existencia del colectivo de presos de ETA".
Así lo acreditan "los casos, entre otros, de Amaia Arrieta, Iratxe Sorzabal, Maite Diez de Heredia y Josu Beaumont, responsables y liberados de la estructura de Gestoras pro Amnistía e implicados en diferentes procedimientos por la presunta captación de militantes para ETA", se lee en el auto.
La organización también se encarga, según Garzón, de la promoción y coordinación de actividades de "presión social" (violencia callejera), del "señalamiento" de potenciales víctimas de ETA y del control y dirección del colectivo de militantes de la banda que están internos en centros penitenciarios, "asumiendo la función de mantener su cohesión interna y su sostenimiento económico".
Abogados informantes
Además, el magistrado afirma que, a través de algunos de sus abogados, Gestoras capta "información trascendente para la seguridad y subsistencia de la estructura operativa de ETA", que obtienen de los procedimientos judiciales abiertos a militantes de la banda, "remitiéndola posteriormente a los responsables de la organización terrorista para que puedan adoptar las medidas pertinentes".
Por último, atribuye a Gestoras la "organización, aportación de medios y recursos, convocatoria y ejecución de actos de exaltación de la violencia terrorista y de quienes la practican", y la llamada a "jornadas de lucha" en las que se producen abundantes daños sobre bienes e instalaciones "y coacciones a las personas".
En su resolución, el juez asegura que los hechos relatados en la misma "no dejan lugar a dudas para este instructor de que Gestoras, desde su inicio, ha sido una organización creada, diseñada, protegida, impulsada y financiada por ETA como un mecanismo ideal" para desarrollar formas complementarias de lucha a la actividad armada de la banda terrorista.
Larga ofensiva contra el entramado de la banda
Baltasar Garzón viene actuando contra el entramado político-financiero de ETA desde 1998, año en el que ordenó el cierre del diario Egin y de la emisora Egin Irratia (1 de julio) para posteriormente, el 20 de noviembre de ese mismo año, declarar la ilicitud de la organización KAS, en plena tregua de la banda terrorista.
A partir de ese momento, las investigaciones del juez han motivado la ilegalización de la organización EKIN, de Haika (sucesora de la organización juvenil Jarrai) y el cierre de la revista Ardi Beltza, operaciones en las que han sido detenidas cerca de un centenar de personas.
EKIN, considerada por Garzón sucesora de KAS, fue declarada ilegal el 4 de abril de este año. El juez declaró su ilicitud "como parte integrante de la misma ETA", al considerar que la citada asociación "se incardina en la estructura de la organización terrorista, a nivel de codirección subordinada con ETA, con distribución de funciones y papeles diferentes, pero con un objetivo común".
El Gobierno central y los principales partidos políticos reaccionaron ayer con muestras de apoyo al auto dictado por Garzón, aunque desde el PNV e IU se pidió prudencia hasta analizar los argumentos jurídicos del juez.