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El déficit público se situará en el 0,31% del PIB en 2002, según las cajas de ahorros

El último número de Cuadernos de Información Económica, de la Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas (Funcas) aborda el debate suscitado ante la inminente aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2002. El profesor José Manuel González-Páramo asegura en uno de los artículos de dicho trabajo que el debate sobre las cuentas públicas del próximo ejercicio está oscureciendo la tramitación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, que preconiza una reforma profunda y fundamental del sector público español.

González-Páramo insiste en que los signos de agotamiento que se vienen observando en la economía muestran la necesidad de proceder a un nuevo impulso para garantizar la estabilidad a medio y largo plazo. En este sentido, califica las previsiones de los Presupuestos para 2002 como optimistas y, dado que la esperada recuperación podría demorarse dos o tres trimestres, el déficit cíclico podría llegar a situarse en dos décimas sobre el PIB. El gabinete de estadística de Funcas eleva esta previsión al 0,31% del PIB. A este respecto también se refiere en otro de los artículos el profesor Valentín Edo, quien pronostica que si la tasa de crecimiento de la economía prevista por el Gobierno no se cumpliera "es posible que dé lugar a un déficit de alguna décima".

Por ello, el profesor considera acertada la decisión del Gobierno de aumentar los impuestos especiales, dada la menor fiscalidad diferencial existente en España respecto a otros países de la UE. En relación al nuevo sistema de financiación autonómica, Carlos Monasterio explica que la reforma incluye importantes ventajas, como su estabilidad y deseo de continuidad; aunque al tiempo resalta que también incorpora significativos inconvenientes.

Entre éstos, Monasterio asegura que la reforma deja temas abiertos a posteriores negociaciones, como la forma en que se instrumenta la integración de la sanidad, la falta de aplicación de la concepción de equidad acordada y la nula o escasa autonomía fiscal de la nueva cesión de impuestos indirectos.

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