Pujol pacta con las cajas 40.000 millones en créditos
La Generalitat ha conseguido que las 10 cajas catalanas acepten financiar con 40.000 millones de pesetas en créditos infraestructuras sociales y culturales. Esta medida, negociada con la Federación de Cajas Catalanas, se incluye en los Presupuestos autonómicos para el año 2002.
Las 10 cajas catalanas destinarán durante el próximo año 40.000 millones de pesetas (240 millones de euros) en créditos a la construcción de infraestructuras de carácter social y cultural. Esta cifra está recogida en una disposición adicional incluida en los Presupuestos de la Generalitat para 2002, según informó ayer La Vanguardia.
Fuentes próximas al consejero de Economía, Francesc Homs, confirmaron ayer la existencia de este acuerdo, cuyos últimos detalles están acabándose de perfilar con la federación de cajas. En principio se trata de dos líneas diferentes de crédito, una de 25.000 millones de pesetas (150 millones de euros), que se destinará a la construcción de residencias de ancianos, menores y discapacitados; y una segunda línea, de 15.000 millones de pesetas (90 millones de euros), para construir bibliotecas.
El convenio con las cajas se firmará, con toda probabilidad, antes de finalizar el año, una vez que el Presupuesto catalán quede definitivamente aprobado por la Cámara autonómica. Según Economía, el principal atractivo de los créditos será su duración, ya que los tipos de interés se encuentran ya suficientemente bajos. Aunque la negociación con las cajas se refiere sólo a 2002, fuentes de Economía no descartan prorrogar su vigencia durante los próximos años.
Al margen de este acuerdo de financiación, Homs quiere renegociar con las cajas un aumento de los 2.000 millones de pesetas de su obra social que desde 1997 destinan anualmente a subvencionar entidades y organizaciones sociales y culturales.
El artículo 4 de la Ley de Cajas catalana otorga al Gobierno autonómico la "tarea de orientación en materia de obra social, señalando prioridades". Hasta ahora, no obstante, esta potestad se había plasmado únicamente en estos 2.000 millones de pesetas de obra social. De hecho, el Gobierno catalán no consiguió implicarlas en la financiación del Pacto por el Empleo.
Proposición no de ley
El pasado mes de octubre, y contra todo pronóstico, Convergència i Unió votó favorablemente a una proposición no de ley presentada por Esquerra Republicana que instaba al gobierno autonómico a adoptar medidas legales para "incentivar la financiación preferente", por parte de las cajas catalanas, de la actividad de las pymes, de la economía social y de las infraestructuras.
Homs justificó el voto de la coalición en su voluntad de abrir nuevas vías de colaboración con las entidades de ahorro que ayudasen a hacer frente a las necesidades de infraestructuras sociales y culturales de Cataluña.
El consejero catalán defiende desde hace meses la implicación del sector privado en la construcción de infraestructuras que no están al alcance del sector público.
Cambios en el consejo de Caser
La aseguradora Caser, en cuyo accionariado participan 38 cajas de ahorros, prepara cambios en su consejo de administración.
La entidad celebró ayer dos reuniones, una de la comisión delegada y otra del consejo de administración, en las que no se trató la elección de Juan Gisbert, ex director general de la CAM, como nuevo director general de Caser, en sustitución de Gabriela González Bueno, según confirmaron fuentes oficiales. Lo que sí se hizo, según el comunicado oficial, fue estudiar la incorporación al consejo de la propia González Bueno, así como de "algún otro consejero externo".
Con esta medida, según fuentes de la entidad financiera, se pretende preparar la salida de González Bueno de la dirección general y reforzar su puesto dentro de la aseguradora, en la que el 20% está controlado por la aseguradora francesa MAAF-MMA.
González Bueno habría presentado su dimisión y ésta habría sido aceptada, aunque con entrada en vigor el 31 de diciembre. En cualquier caso, todos estos cambios deberán ser estudiados en el próximo consejo, que se celebrará antes de la junta de accionistas de la entidad. El consejo aún no tiene una fecha fijada, pero deberá celebrarse antes del próximo mes de abril, cuando tendrá lugar la junta.