La UE creará una fiscalía contra el fraude en las ayudas comunitarias
Un fiscal europeo de lucha contra el fraude que proteja el Presupuesto y los intereses financieros de la UE. Bruselas ha recogido el guante que le ha tendido el Parlamento Europeo y ha anunciado una propuesta para dotar a los Quince de una fiscalía especial destinada a proteger las finanzas comunitarias. El proyecto, que constituye un hito en la política antifraude de la Comisión Europea, deberá ser debatido por los Estados miembros y las partes interesadas.
Pese a que el Parlamento Europeo ha puesto incluso fecha -finales de 2002- a su exigencia de que la UE cuente con un superfiscal financiero, Bruselas ha decidido tomarse el encargo con más calma. Así, la Comisión Europea acaba de publicar un Libro Verde que dibuja las líneas maestras de lo que se convertirá en la fiscalía europea de lucha contra el fraude en las finanzas comunitarias, que tendrá que ser objeto de un debate público.
"El fraude contra el Presupuesto comunitario debe perseguirse de manera consecuente y eficaz en toda la UE. Tenemos que colmar las lagunas del ordenamiento penal porque eso es lo que esperan, con razón, los contribuyentes", señaló tras la presentación de la propuesta Michaele Schreyer, comisaria de Presupuesto de la UE. La misión de esta fiscalía antifraude, que se perfila como un organismo judicial independiente, consistirá en dirigir las investigaciones y ejercer la acusación pública contra quienes atenten contra los intereses financieros comunitarios. El organismo constituirá una pieza más dentro del proyecto de cooperación judicial europea Eurojust, aunque dedicada específicamente a delitos financieros.
La propuesta deja bien claro que el papel de este nuevo organismo, cuyo objetivo es reforzar la actividad investigadora de la Oficina Europea de Lucha Antifraude (Olaf), no afectará a las competencias en jurisdicción penal de los Estados miembros, sino que servirá de apoyo a las fiscalías y juzgados nacionales. Serán, de acuerdo con ello, los tribunales nacionales los encargados de dictar las sentencias en los casos investigados por la nueva fiscalía, ya que "no se pretende crear un órgano de justicia comunitario que decida esta materia".
Según la propuesta elaborada por Bruselas, el fiscal antifraude podrá recurrir a las fuerzas policiales para llevar a cabo su labor, pero deberá someter sus actos al control de un juez nacional cuando estos puedan poner en juego las libertades fundamentales de los ciudadanos. Una vez abierto un proceso, "deberá ejercer él mismo la acusación pública ante las jurisdicciones nacionales, con el fin de defender los intereses financieros de la UE".
Bruselas considera que la fiscalía debería organizarse de forma descentralizada de forma que cada Estado miembro cuente con un fiscal delegado. De acuerdo con este esquema, el fiscal podrá disponer de todos los instrumentos desarrollados hasta el momento en el marco de la cooperación judicial europea, incluyendo la orden europea de detención. En cuanto a la unificación de los tipos penales, la propuesta plantea una armonización mínima y descarta totalmente la creación de un código penal europeo autónomo.
1.800 millones de euros cada año
La propuesta elaborada por la Comisión Europea ha sido precedida de una iniciativa del Parlamento Europeo en el mismo sentido. Así, la Eurocámara manifestó hace unas semanas la urgencia de poner en marcha una fiscalía comunitaria antifraude debido a la "escasa" eficacia de la labor de la Olaf. "La persecución de infracciones en el interior de las instituciones comunitarias ha sido hasta el momento completamente insatisfactoria", señala el Parlamento. El valor de las irregularidades detectadas por la oficina el año pasado ascendió a 1.800 millones de euros (300.000 millones de pesetas).
La propuesta de la Eurocámara prevé que la Olaf tenga la obligación de informar a la nueva fiscalía "de todas las actividades que puedan constituir hechos delictivos" y que el fiscal pueda recibir denuncias de los ciudadanos "de las que no deberá resultar ningún perjuicio para ellos". El organismo podrá remitir también los resultados de sus investigaciones a las autoridades judiciales nacionales.