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El abogado de Sancristóbal revela reuniones secretas para pactar testimonios en el juicio

José María Stampa Braun, defensor del ex director general de Seguridad Julián Sancristóbal, pidió ayer ante el tribunal que juzga el presunto uso irregular de los fondos reservados del Ministerio del Interior una sentencia absolutoria para su patrocinado.

En su alegato final, el letrado dedicó duras palabras a sus compañeros de la defensa por haber atacado a Sancristóbal a raíz de su decisión de devolver 66 millones que percibió de los fondos reservados a cambio de obtener una rebaja de la pena que pedía el fiscal (fue reducida en ocho años).

Stampa Braun negó haber pactado con el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón un testimonio incriminatorio para el resto de los acusados por la rebaja de pena. Aseguró que "es mentira y una estupidez". Explicó al tribunal que su defendido "ha devuelto lo que creía que era estigma de una posible irregularidad" (es decir, 66 millones de los 154 percibidos) y que lo único que ha hecho es acogerse a la atenuante prevista en la ley.

El letrado, que alabó la labor del fiscal como nunca se ha visto hacerse desde el banco de las defensas, dijo que antes de la celebración del juicio, los abogados defensores y los acusados mantuvieron reuniones secretas. En repetidas ocasiones dijo: "Ay, si pudiera hablar de lo que le ofrecían a Sancristóbal para que dijera ciertas cosas. No lo cuento, porque me debo al secreto profesional, pero algún día lo contaré". Sobre este extremo insistió una y otra vez.

El abogado de Sancristóbal pidió al tribunal la absolución de su defendido porque mantiene la tesis de que para establecer la comisión de un delito de malversación de caudales públicos debería existir una reglamentación sobre "el uso de los fondos reservados y sobre las actitudes". Argumento que también fue defendido por Pablo Jiménez de Parga, abogado del ex ministro José Barrionuevo. El letrado José María Tejerina, defensor del ex director general de la Policía José María Rodríguez Colorado, también pidió ayer su absolución porque mantiene que "no ha sustraído fondos públicos".

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