Boliden será declarada hoy en quiebra si no hay pacto con los empleados
A las tres de la tarde de hoy termina el plazo para que el juez levante la suspensión de pagos decretada el día 2 de octubre de 2000 para Boliden Apirsa, compañía que explota la mina de Aznalcóllar, en Sevilla, y que provocó el vertido tóxico en el entorno de Doñana en 1998.
Si la empresa sigue manteniendo a esa hora un pasivo superior al activo y se niega a pedir un aplazamiento de la junta de acreedores, entrará en situación de quiebra.
Dado que los acreedores con preferencia en el cobro son los propios trabajadores de la compañía, las últimas negociaciones se están desarrollando en sesiones maratonianas entre los representantes de los empleados, la Junta de Andalucía y la empresa.
La compañía ofrece 45 días por año trabajado a los empleados, pero afirma que no puede hacer frente a todo el pago, de 24,04 millones de euros (4.000 millones de pesetas), de una vez.
La empresa pretende abonar la mitad de esa cantidad el próximo mes de enero y el resto dentro de tres años. De lo contrario, asegura, el peso de la carga salarial sobre su balance pondría al pasivo por encima del activo obligando al juez a decretar la quiebra. En ese caso, los trabajadores perderían el derecho a los acuerdos alcanzados en la negociaciones con la empresa y sería el juez quien decretase la indemnización.
Los trabajadores, que están encerrados en la sede de la delegación provincial de Empleo de Sevilla, se oponían al cierre de esta edición al pago aplazado, pero creen que la Junta de Andalucía tiene la posibilidad de otorgar un aval sobre las cantidades que Boliden adeuda a los trabajadores para superar la crisis.
El consejero andaluz de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera, señaló ayer que es "alegal" la pretensión de la empresa de pagar en dos fases y acusó a los negociadores de pretender un convenio de acreedores colgado "a las espaldas de la Junta".