Los Gobiernos ganan a Bruselas el pulso por controlar las 'telecos'
La Comisión Europea ha sacrificado sus aspiraciones a erigirse en autoridad central en el mercado de las telecomunicaciones. Bruselas aceptó ayer pagar ese precio para lograr el visto bueno a una nueva actualización y modernización de la legislación comunitaria en la materia, que los Quince habían tomado como rehén.
El Parlamento Europeo, el último adalid de las intenciones de la Comisión, también se plegó ayer a la voluntad de los Gobiernos. El comisario de Sociedad de la Información, Erkki Liikanen, en rueda de prensa conjunta con el ponente parlamentario Reijo Paasilina, aún intentaría, después de la votación en el hemiciclo de Estrasburgo, resaltar los aspectos positivos de un acuerdo que, según él, marca un antes y un después en el mercado europeo de las telecomunicaciones.
El "antes", definía hasta ahora la Comisión, se caracterizaba por un reino de taifas en el que cada regulador nacional podía tomar decisiones sin consultar con los demás.
La solución, proponía Bruselas, era el derecho de veto de la Comisión a cualquier decisión nacional que violara el ordenamiento jurídico comunitario o quebrara las normas del mercado interior. Como ejemplo flagrante de tan perniciosa situación, Liikanen ha apuntado a la reciente concesión de las licencias de telefonía móvil de tercera generación mediante sistemas divergentes (concurso, subasta, etc.) que han acabado distorsionando la competencia dentro del sector.
Pero el "después", a juzgar por el acuerdo revalidado ayer por el Parlamento, no parece que vaya a alejarse de ese marasmo regulador.
El Consejo de Ministros de Telecomunicaciones de la UE ya advirtió el pasado jueves que su negativa a conceder el derecho de veto a la Comisión era innegociable. Los ministros, entre los que se encontraba la titular de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, sólo aceptaban que la Comisión pudiera pronunciarse sobre las decisiones nacionales relativas a la definición de mercado y al concepto de empresas con poder significativo en el mismo. Aun así, cualquier objeción de Bruselas no sería vinculante sin el visto bueno de un comité formado, de nuevo, por los Estados miembros.
La oferta de los ministros era tan maximalista que el propio presidente de turno del Consejo de Telecomunicaciones, el titular belga Rik Daems, consideró "muy pequeña" la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Parlamento. Y fuentes de la propia Comisión reconocían su dificultad para pedir el apoyo al acuerdo al Parlamento.
Pero sobre Liikanen pesaba la amenaza de un estrepitoso fracaso de todo el programa legislativo para el sector de telecomunicaciones, que su departamento considera una prioridad absoluta de esta Comisión. Los jefes de Estado y de Gobierno ya fijaron diciembre de este año como fecha límite para rematar su tramitación.
La semana pasada, España hizo saber claramente a Liikanen que un voto en contra del Parlamento condenaría al olvido durante su presidencia de la UE (que se inicia el próximo 1 de enero) el proyecto legislativo de la Comisión. Acorralado, el comisario definía el lunes pasado la propuesta de los ministros como "un compromiso equilibrado". El Parlamento, ayer, respaldaba esa concesión.
Fuentes diplomáticas próximas a la presidencia de la Unión (que este mes corresponde a Bélgica) prefieren no hablar de vencidos ni vencedores. La Comisión, afirman esas fuentes, quería unos poderes que sólo excepcionalmente, como en el caso de la política de Competencia, los Estados miembros se muestran dispuestos a ceder. "Y siempre", recuerdan, "la cesión se hace a través del Tratado de la Unión".
Directivas
En esta ocasión Bruselas quería aprovechar la actualización de cuatro directivas (sobre interconexión, acceso, licencias, servicio universal, etc.) para arrogarse una jurisdicción supranacional sobre aspectos tan sensibles como la utilización del espacio radioeléctrico o la concesión de licencias para su uso.
La CE contaba con el apoyo de las grandes operadoras telefónicas e incluso de la patronal europea, pero el intento ha sido en vano. Los Gobiernos sólo han aceptado escuchar a la Comisión en cuanto a decisiones sobre compañías con un poder significativo de mercado. Y aun así sólo cuando se trate de operadoras presentes en varios Estados miembros.