Barrionuevo dice que el fiscal pactó con Sancristóbal para incriminarle
El abogado del ex ministro del Interior José Barrionuevo presentó ayer su informe ante el tribunal que juzga el presunto uso irregular de los fondos reservados. Pidió la absolución porque considera que las únicas pruebas contra su defendido son los testimonios de Luis Roldán y del también imputado Julián Sancristóbal. El defensor considera que estas pruebas son insuficientes para condenar y sostiene que el pacto del fiscal con Sancristóbal se hizo para incriminarle.
El ex ministro del Interior José Barrionuevo siguió atentamente ayer el informe final de su abogado, Pablo Jiménez de Parga. æpermil;ste solicitó al tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid que juzga el caso de los fondos reservados que absuelva a su patrocinado. El letrado defensor considera que durante la vista no se ha podido demostrar el pago de sobresueldos que le implican en una supuesta malversación de caudales públicos ni se da el requisito de ánimo de lucro necesario para acreditar dicho delito.
El fiscal solicita para el ex ministro seis años de cárcel por consentir las gratificaciones. La misma pena pide para él el abogado del Estado y la acusación popular que representa al empresario jerezano José María Ruiz Mateos. Sin embargo, la acusación popular de la Asociación de Estudios Penales, del abogado José Emilio Rodríguez Menéndez, considera que Barrionuevo no cometió ningún delito, informa Europa Press.
Jiménez de Parga comenzó su alegato recordando que frente a la acusación general de "saqueo de los fondos reservados" utilizada por las acusaciones, la realidad es que la suma de todos los caudales que según el fiscal su cliente consistió que se sustrajeran es de 160 millones de pesetas, "lo que supone un 1,81% del total de los fondos reservados que le fueron asignados durante sus seis años al frente del ministerio (8.800 millones de pesetas en total)".
A lo largo de su exposición, que superó las dos horas y media de duración, Jiménez de Parga se centró en desmontar la prueba de cargo del fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón, que se basa en las declaraciones incriminatorias contra el ex ministro prestadas por el ex director de la Guardia Civil Luis Roldán y por el coimputado y ex director general de Seguridad Julián Sancristóbal.
Con respecto a este último, el letrado sostuvo que ha existido un pacto con el fiscal para incriminar a su cliente y que sus declaraciones "están guiadas por una evidente intención exculpatoria y no es que busquen, sino que han conseguido evidentes beneficios procesales", como ha sido la "compra de la atenuante" por la devolución de 66 millones de pesetas.
Motivos espurios
Se refería con ello a la reducción de 10 años y ocho meses de cárcel a tres años, que son los que finalmente solicita Luzón para Sancristóbal.
Los mismos "indicios de motivos espurios" encontró el letrado en la declaración del testigo Roldán, de quien recordó que "hay antecedentes de falta de credibilidad al acusar a Barrionuevo", tal y como señalaba el propio Luzón en su escrito de acusación del caso Roldán. Añadió que entre éste y Sancristóbal existen además conexiones "porque tienen oscuros negocios juntos".
Jiménez de Parga añadió que durante el juicio no se ha traído prueba alguna de que Barrionuevo actuara con ánimo de lucro, tal y como exige el tipo penal de malversación, y que tampoco ha quedado acreditado el conocimiento directo por parte del ex ministro de la apropiación del dinero por parte de terceros.
El letrado manifestó ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid que "Barrionuevo siempre ha proclamado su inocencia, y multitud de testigos han negado que existiera ese plan para cobrar sobresueldos". También mantuvo que "la única prueba directa son las declaraciones de Sancristóbal y Roldán, que no pueden ser valoradas como prueba de cargo porque están plagadas de cambios de declaración y contradicciones, incluso entre ellos".