Berlusconi bloquea la 'euroorden' de detención que Aznar impulsa
Italia empañó ayer el éxito del Consejo de Ministros comunitario de Justicia e Interior, que al filo del mediodía pactaba la primera definición común de terrorismo en la historia de la Unión Europea. Los Quince abordaban acto seguido la decisión marco para crear una orden de detención y entrega que elimine los largos procesos de extradición en una treintena de delitos, piedra angular para el Gobierno español en la lucha internacional contra el terrorismo.
Pero hacia las seis de la tarde, Italia reventaba la reunión. Desde Roma, Silvio Berlusconi, uno de los principales aliados de José María Aznar en el seno de la UE, ordenaba a su ministro de Justicia bloquear la discusión.
Berlusconi sólo acepta la extradición automática para seis delitos directamente vinculados a la acción terrorista, pero desea excluir delitos financieros como el blanqueo de dinero o el fraude. En última instancia, Roma podría admitir la inclusión de esos delitos a condición de que los jueces no puedan cursar una orden de detención contra ciudadanos de otro país.
Roberto Castelli, ministro de Justicia italiano, negó cualquier vínculo entre su bloqueo a la euroorden y el llamado caso Tele 5, por el que el juez Garzón llegó a pedir al Parlamento Europeo que levantase la inmunidad del entonces europarlamentario Silvio Berlusconi.
La orden de detención y entrega pasará ahora a la mesa de discusión de los primeros ministros de la UE, que el próximo viernes se reúnen en Laeken para la cumbre final de la presidencia belga de la UE.
Los ministros españoles Mariano Rajoy y Ángel Acebes abandonaron el recinto sin hablar con la prensa. El vicepresidente y ministro de Interior asistirá hoy en Bruselas a la segunda sesión del Consejo; el de Justicia regresó a Madrid debido a un cólico nefrítico.
Ambos habían comenzado el día celebrando la histórica decisión del Consejo de aprobar una definición común de terrorismo. Los Quince se comprometieron, por primera vez, a incorporar en sus códigos penales el delito de terrorismo, definido como cualquier acto cometido para intimidar gravemente a la población o desestabilizar la estructura social. Los ministros pactaron aplicar penas mínimas de 15 años por dirección de organizaciones terroristas y de ocho por pertenencia o colaboración con tales grupos.