El PP propone al PSOE consensuar los cambios normativos para las cajas

El PP ha invitado ya al PSOE a iniciar las negociaciones para consensuar una normativa que englobe todas las modificaciones que reclaman las cajas. El PP, según ha afirmado Vicente Martínez-Pujalte, está dispuesto a incorporar en la Ley Financiera todos estos cambios. El PSOE tendrá listo su informe sobre el sector a finales de año.

El PP ha invitado ya al Grupo Socialista para iniciar las negociaciones que lleven a ambos partidos políticos a conseguir el consenso sobre los contenidos de la Ley Financiera en su trámite parlamentario (aún no ha pasado por el Consejo de Ministros). Pero la parte más significativa y de mayor calado serán las negociaciones que lleven a cabo PP y PSOE en materia de cajas. Ambos grupos quieren llegar a un consenso para regular varios aspectos sobre este sector.

La idea del PP, según ha comentado a Cinco Días Vicente Martínez-Pujalte, portavoz económico del Grupo Parlamentario del PP, es que este consenso pueda trasladarse vía enmiendas a la Ley Financiera en su paso por el Congreso. Esta vía les da margen para tratar todas las materias referidas a cajas de ahorros reposadamente, ya que se espera que no sea hasta abril o mayo cuando la Ley Financiera sea aprobada por el Congreso. Los dos partidos aún no se han sentado formalmente, pero esperan hacerlo en los próximos días.

Tanto el PP como el PSOE están elaborando sendos documentos en los que se abordarán los cambios que piensan introducir en las cajas, siempre de acuerdo con las sugerencias del sector. De momento, el PP parece que tiene los trabajos muy avanzados. No en vano, ya en el primer borrador de la Ley Financiera existía una serie de cambios para las cajas, que posteriormente fue retirado para buscar el consenso.

Y son justamente estos cambios los que el PP quiere negociar con el PSOE. Limitar al 50% el peso público en los consejos de las cajas (de acuerdo con la normativa de Bruselas); la irrevocabilidad de los cargos de presidente y consejeros hasta el final de su mandato, que son de cuatro años reelegibles (para evitar que los cambios políticos en la comunidad autónoma o ayuntamientos se trasladen a los órganos rectores de las cajas y provoquen un giro en su composición); fomentar las alianzas interregionales entre las cajas, y dar un mayor protagonismo a la CECA para potenciar acuerdos en el sector forman parte del documento que está elaborando el PP.

A ello se unen las cuotas participativas, instrumentos similares a las acciones pero sin derechos políticos. El Gobierno prefiere desarrollar las cuotas a través de un real decreto, para lo que ya cuenta con algún borrador. Sin embargo, el PSOE quiere que todo se plasme en una ley, que puede ser la Financiera, algo a lo que el PP está dispuesto.

El PSOE finalizará su informe sobre el sector a finales de este mes, para hacerlo público en enero. En este documento se recogen prácticamente los mismos temas que los desarrollados por el PP. Aunque las diferencias están en ciertos aspectos de las cuotas participativas.

El PSOE es partidario de que las cajas puedan suscribir cuotas de sus homólogas para crear una especie de cajas de cajas y fomentar así las alianzas interregionales. Pero quiere evitar que los bancos suscriban cuotas participativas. El sector entiende que esta limitación podría abocar al fracaso a las cuotas, puesto que los fondos de inversión son los mayores suscriptores de títulos, y son justamente los bancos los que controlan la mayor parte de los fondos.

El PP también está dispuesto a abordar las fusiones interregionales, algo que puede realizarse jurídicamente, pero que en la práctica choca con problemas políticos. El destino de los fondos de la obra social también forman parte de estas negociaciones.

 

A Martínez-Pujalte le gusta la ley valenciana

La definición de lo que se considera un representante público en una caja también será uno de los puntos a tratar entre PP y PSOE. Ambos grupos entienden que un cargo público en una caja no es aquel que representa a los Gobiernos autónomos o ayuntamientos, sino los consejeros de una caja que ocupa, a su vez, algún puesto en ayuntamientos o Gobierno autónomo. Para Vicente Martínez-Pujalte "las cajas valencianas son un ejemplo de entidades sin representación pública, ya que no existe ningún consejero con cargo público".

Las cajas insisten en que es necesario un consenso nacional que se traslade a los Gobiernos autónomos, aunque las negociaciones empezarán en un momento poco proclive al consenso. Las relaciones entre el PSOE y el PP en materia de cajas en Andalucía no son las más idóneas para un acuerdo, lo mismo que en Valencia, donde el PP se ha adjudicado los 28 consejeros que nombra la Generalitat, dejando fuera al PSOE por primera vez.