Las 'telecos' acusan a los municipios de bloquear el despliegue de la red del móvil
Dos meses después de la aprobación del real decreto que regula la instalación de antenas de telefonía móvil, el panorama sigue siendo desalentador para las compañías de telecomunicaciones. æpermil;stas acusan a 500 ayuntamientos de "excederse en sus competencias y de paralizar la concesión de licencias de antenas con ordenanzas propias", y al Gobierno, "de no coordinar las diferentes normativas estatales, autonómicas y municipales".
El real decreto que el Gobierno aprobó el pasado 28 de septiembre para regular la instalación de antenas de telefonía móvil desde el punto de vista de la salud no ha calmado los ánimos en comunidades de vecinos, ayuntamientos y operadoras. Es más, estas últimas acusan a los ayuntamientos de "excederse en sus competencias a la hora de otorgar licencias para establecer equipos". Dicen que "500 ayuntamientos de España, como Murcia, Zaragoza, A Coruña, Móstoles (Madrid), están paralizando los proyectos de instalación de antenas de móvil alegando criterios urbanísticos y de edificación".
Fuentes del Ayuntamiento de A Coruña señalan que "el real decreto aprobado recientemente por el Gobierno sólo establece los aspectos técnicos de la instalación, es decir, marca la potencia y las distancias, pero no incluye dónde ubicarla".
El municipio gallego ha paralizado la concesión de licencias mientras elabora un documento de ordenación basado en todas las recomendaciones de salud pública con el objetivo de cumplir unos mínimos de seguridad. "Mientras no exista una normativa general de obligado cumplimiento que determine todos los aspectos, el ayuntamiento tiene la competencia de decidir el lugar donde puede instalarse la antena basándose en aspectos urbanísticos", añaden dichas fuentes.
Lo mismo sucede en Murcia. En esta ciudad están suspendidas las licencias y se han abierto expedientes a todas aquellas compañías que han instalado antenas que no cumplen la normativa local. Hasta ahora, el ayuntamiento ha desmantelado 11 equipos de telefonía móvil mientras prepara el borrador de ordenanza basado en aspectos estrictamente urbanísticos, como el tipo de edificio y su localización.
Ante el estado de confusión y alarma social, las operadoras han decidido unirse " para calmar a la opinión pública con información sobre los límites de las ondas electromagnéticas en beneficio de la salud". Todas ellas, Amena, Vodafone, Telefónica Móviles, Xfera, Ericsson y Nortel, han constituido el Comité para el Desarrollo de las Infraestructuras de Telecomunicaciones, a "fin de llegar a acuerdos con los municipios y comunidades sobre esta normativa y tranquilizar a los usuarios".
Las compañías de telecomunicaciones piden al Gobierno que "fije el marco de competencia en esta materia con comunidades y ayuntamientos, con el objetivo de evitar la actual fragmentación de ordenamiento jurídico".
La asociación de la industria de la electrónica, Aniel, considera que "falta un mensaje de tranquilidad para los ciudadanos y una adecuada información entre los ayuntamientos". Además, cree que "las compañías cumplen con todos los límites establecidos y pasan por las inspecciones técnicas incluidas en la ley".
Acuerdos con las comunidades autónomas
Los parámetros más relevantes que incluye el real decreto aprobado en Consejo de Ministros el 28 de septiembre se refiere a las restricciones en la exposición de los ciudadanos a las emisiones electromagnéticas (reguladas por los niveles de intensidad y densidad) y, en segundo lugar, a la distancia mínima de seguridad sobre un edificio de viviendas que viene determinada por los índices de potencia, aunque está en torno a los seis metros, la misma que recomienda la UE. Las regulaciones realizadas en algunas comunidades autonómicas españolas están por encima de estos límites y son más exigentes que la propia ley. "Por esta razón, se intenta cerrar acuerdos con ellas para adaptar la nueva normativa estatal y unificar criterios. Algo que debería hacer el Gobierno", aseguran las operadoras. Cataluña y Castilla-La Mancha han establecido en sus propias normativas distancias mínimas de 10 metros entre personas y equipos. En la ordenanza de Zaragoza se habla de que no habrá ninguna estación a menos de 100 metros de guarderías, escuelas y hospitales.