Julio Rodríguez Gil podrá salir de prisión si paga 100 millones de fanza
La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ordenó ayer prisión eludible bajo fianza de 100 millones de pesetas para el representante legal de Hari 2000 y asesor fiscal de clientes de Gescartera, Julio Rodríguez Gil. El imputado permanecerá en la cárcel de Soto del Real (Madrid) hasta que abone la fianza. La decisión de la magistrada se ajusta a la petición del teniente fiscal Anticorrupción,
Luis López Sanz, quien había solicitado 150 millones de fianza. La juez ha tenido en cuenta el informe médico que presentó el representante de Hari 2000, en el que se asegura que padece una isquemia coronaria grave.
La juez ordenó el pasado jueves la detención de Rodríguez Gil y el registro de sus viviendas y despacho. Ayer fue interrogado durante tres horas. Negó que participara en la salida del dinero de Gescartera a través de la aplicación de minusvalías, bien con testaferros buscados por él o bien por terceras personas. Según declaró, nunca aplicó minusvalías a nadie porque no tenía capacidad para operar en la agencia de valores.
Se le exhibió un archivador, hallado en su despacho, donde constan varias fotocopias de DNI, algunas de las cuales corresponden a personas a quienes se les ha aplicado minusvalías de Gescartera. El imputado no pudo explicar esta coincidencia y tan sólo argumentó que se refieren a "temas laborales", que él "no elabora". También negó que participara en el engaño a la CNMV con cheques sin fondos por importe de 4.000 millones de pesetas.
Explicó que el dueño de Gescartera, Antonio Camacho (también permanece en la prisión de Soto del Real) y él se intercambiaron cheques por el importe mencionado para la creación de una sociedad de inversión de capital variable. Emitieron los cheques, pero sin fondos. Cuando se descarta la idea de crear la sociedad de inversión, ninguno destruye los cheques, que más tarde Camacho utiliza para obtener unos certificados de La Caixa con el fin de justificar ante la CNMV que no existía el desfase patrimonial de 4.500 millones que se había detectado.