España bloquea la patente europea por las reivindicaciones lingüísticas
El plazo se agota para cumplir el objetivo marcado por los presidentes de Gobierno de la UE de contar con una patente comunitaria antes de 2002. Pero las discusiones parecían ayer tan lejos del final como al principio de la tramitación. España, junto a Portugal, Grecia e Italia, siguió negándose a aceptar un sistema de patentes que se expida sólo en inglés, francés y alemán.
La propuesta de la CE, presentada en julio de 2000, aspira a que las patentes emitidas por la Oficina Europea de Patentes de Munich (organismo que no pertenece a la UE) adquieran validez en todo el territorio comunitario, dejando al Tribunal de Justicia de la UE como última instancia judicial en caso de conflicto. Se persigue, según Bruselas, abaratar los costes de tramitación de las patentes en Europa, pues ahora exceden con mucho los de Japón o EE UU.
Si todos los países comparten esta lógica comercial que busca potenciar la innovación y la competitividad europea, no todos aceptan que el ahorro pase por renunciar a la lengua nacional como instrumento de trabajo. La Oficina de Munich sólo opera en inglés, francés y alemán, y no parece dispuesta a incluir otra lengua oficial. España exige que al menos el resumen de la patente y las reivindicaciones (donde se proclaman las innovaciones que ofrece acredita el título) se traduzcan a la lengua del solicitante. "El mantenimiento de las traducciones es la garantía del español como lengua tecnológica", señalaba el secretario de Estado para Relaciones con la UE, Ramón de Miguel, tras vaticinar un fracaso de la negociación. Tras tres horas de conversaciones y una oferta de Bélgica para traducir el resumen de cada patente, las delegaciones levantaron momentáneamente la sesión. Los representantes francés e inglés abandonaron la sede del Consejo de Ministros, marcando un tácito rechazo de cualquier compromiso.
La expedición en ocho idiomas de una patente cuyo título ocupe 20 páginas cuesta unos 29.800 euros (cinco millones de pesetas), de los cuales el 39% se destina a los costes de traducción. De esas páginas, 15 describen la invención (la traducción cuesta unos 76 euros por página, 12.650 pesetas), tres las reivindicaciones (cuya traducción se paga a 122 euros por página, 20.300 pesetas) y dos resumen el título (76 euros por página, 12.650 pesetas). La Comisión intenta reducir el precio de la traducción (hasta 2.694 euros, 450.000 pesetas) al reconocer las patentes emitidas en una de las lenguas oficiales de la Oficina de Munich y traducidas a las otras dos. La alternativa defendida por España de traducir las reivindicaciones y el resumen eleva los costes, según Bruselas, hasta 5.256 euros (875.000 pesetas).
España se aferró a su posición y mantuvo el bloqueo, aun siendo consciente de que el debate puede estallarle en plena presidencia de la UE (a partir del próximo 1 enero). La delegación española optó al final por una defensa maximalista. "Si de verdad se quiere ser consecuente [con la estrategia del ahorro], que propongan una sola lengua".