El PSOE cree que el coste del despido individual es elevado
"El coste del despido individual en España sigue pesando sobre la contratación fija", dijo ayer el responsable de política social del PSOE, Ramón Jáuregui. æpermil;ste añadió que "sobreprotegiendo al trabajador se consigue perjudicar a quien se intenta proteger". Jáuregui estima que el Estatuto de los Trabajadores necesita una reforma integral.
El coste del despido individual en España sigue pesando sobre la contratación fija". Ramón Jáuregui, que ayer participó como portavoz de Política Social y Empleo del PSOE en la XIV Mesa de The Economist con el Gobierno español no utilizó la expresión "como una losa", pero fue muy explícito al reconocer que la legislación laboral española, "sobreprotegiendo al trabajador, lo que consigue es perjudicar al que intenta proteger", en clara alusión a los todavía 2,1 millones de parados españoles y a los trabajadores que aún no tienen un contrato fijo.
El tono marcadamente progresista de su intervención -aludiendo reiteradas veces a la responsabilidad social de las empresas-, no impidió que se refiriera sin tapujos al coste del factor trabajo en España, advirtiendo que en nuestro país "el empresario no contrata porque a veces tiene la sensación de que se tiene que casar con el trabajador para toda la vida". Estas reflexiones le llevaron a arremeter contra el Estatuto de los Trabajadores, al que calificó de "ley vieja y surgida en el contexto de la Transición" y a pedir su revisión.
Vigilancia a las cotizadas
Tras describir la realidad laboral española con tintes catastrofistas -"no funcionan los servicios públicos de empleo, no existe una política integral que favorezca la movilidad geográfica, no estamos conciliando adecuadamente la vida familiar y laboral"- Jáuregui criticó los llamados "despidos financieros", aquellos que se realizan o simplemente se anuncian para desactivar posibles caídas de los valores bursátiles cuando las empresas prevén recortes de los beneficios, y anunció que su partido presentará la próxima primavera un proyecto de ley que obligue a las empresas que cotizan en Bolsa a remitir junto al balance económico un balance social.
El portavoz de Política Social y Empleo reconoció que no se puede imponer a las compañías una labor social, pero sí que faciliten información suficiente para que los accionistas sepan si éstas son sensibles a la realidad que las rodea. Un asunto que en Francia está de plena actualidad.
El proyecto legislativo que madura el PSOE obligaría a las sociedades a desgranar en su balance la política de contrataciones y despidos, así como los planes de recolocación alternativos que estuviese llevando a cabo para amortiguar el coste social que supone la reducción de plantilla en el caso de que ésta tuviese que llevarse a cabo.
Otro asunto obligatorio sería reflejar en el balance cualquier actuación, o su carencia, relacionada con el medioambiente y la cooperación con el Tercer Mundo.
En opinión de Jáuregui,"las relaciones laborales no pueden ser secuestradas por el economicismo y por eso es necesaria la intervención pública y la autorregulación".