Avalancha de denuncias millonarias en el 'caso Aznalcóllar'
El Ministerio de Medio Ambiente reactivará el expediente sancionador abierto por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir contra Boliden Apirsa tras el accidente.
El caso Aznalcóllar entra a partir de esta semana en la fase de las reclamaciones multimillonarias por daños y perjuicios. Agotada definitivamente la vía penal contra 25 imputados tras el doble archivo de la causa por parte de la juez del caso y de la Audiencia Provincial de Sevilla, las partes afectadas han sido invitadas por el propio escrito judicial a exigir compensaciones económicas y normativas por uno de los mayores desastres medioambientales conocidos de la historia de España.
El Ministerio de Medio Ambiente reactivará el expediente sancionador abierto por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir contra Boliden Apirsa tras el accidente, expediente que por imperativo legal quedó en suspenso durante la fase penal del caso. Este expediente prevé exigir a la empresa la reparación económica del daño ecológico así como una multa por importe máximo de 100 millones de pesetas.
Quien contamina paga
Para evitar futuros casos como el de Aznalcóllar, el ministro aprovechará la presidencia española de la Unión Europea para tramitar el proyecto de Ley de Responsabilidad Civil Medioambiental en Europa como prioridad del departamento de Jaume Matas para ese semestre. El ministro presentó la semana pasada en Bruselas la norma de quien contamina paga a las ONG europeas y a la comisaría del ramo, a quienes expresó la voluntad de su departamento de sacar adelante el proyecto. Fuentes del ministerio aclaran, no obstante, que la entrada en vigor de la norma no podrá suponer su aplicación al caso Aznalcóllar.
La Junta de Andalucía ha anunciado que seguirá la vía civil para depurar responsabilidades pero no ha indicado contra quién procederá, dado que el auto de archivo de la causa deja abierta la posibilidad de buscar responsabilidades civiles en los orígenes, durante la construcción de la balsa siniestrada, época en la que no estaba explotada por Boliden.
Esa indicación contenida en el auto ha reabierto el conflicto entre Boliden y Dragados, la empresa cuyas filiales Intecsa y Geocisa construyeron la balsa en 1976.
Boliden ha ratificado su anuncio hecho el pasado mes de enero de que podría demandar a Dragados por daños a la imagen y a la cotización de la compañía por cantidades que "superarán" los 70.000 millones de pesetas, según un portavoz. Dragados, que ya a comienzos de año amenazó a Boliden con responderle con otra demanda similar, asegura ahora que Boliden no se atreverá a interponer la demanda, dado que lo único que pretende es "diluir el efecto de múltiples demandas contra ella", según un portavoz.
Los agricultores afectados y Ecologistas en Acción también se reservan la posibilidad de interponer demandas por daños y perjuicios contra Boliden Apirsa.
Los juristas ven difícil el cobro de indemnizaciones
Si las demandas contra Boliden Apirsa prosperan no será fácil cobrar, según fuentes jurídicas.
Para empezar, el proceso que suele mediar entre la interposición de la demanda y la sentencia es de al menos un año.
Pasado ese tiempo, en el caso de que se produzcan sentencias contra Boliden Apirsa, éstas sólo puede condenar a la filial española, dada su condición de sociedad limitada. Esta empresa a su vez se encuentra en suspensión de pagos con una larga lista de acreedores con los que negocia un convenio que algunos de sus proveedores califican de "leonino".
Los jueces sólo tienen el recurso denominado levantamiento del velo, esto es, demostrar que las personas que toman las decisiones en la multinacional sueca son las mismas que las que lo hacen en su filial española. Aun así, muchos políticos españoles han prometido que pagará.