El Gobierno duplica las ayudas a la compra de vivienda protegida

El ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, presenta hoy a las autonomías las líneas básicas del nuevo Plan de Vivienda 2002-2005, que registrará un fuerte aumento de las ayudas, tanto para el pago de la entrada como para la subsidiación de una parte de la cuota de la hipoteca. Además de favorecer el acceso a un piso, el objetivo es, sobre todo, evitar un brusco descenso en la actividad constructora, tras cuatro años de ritmo desenfrenado.

El ministro tratará de lograr el máximo respaldo de las comunidades autónomas para poder aplicar este nuevo plan, ya que son las regiones quienes tienen transferidas las competencias en materia de vivienda y a ellas el nuevo programa otorga cada vez más margen de maniobra sobre decisiones claves.

Así, podrán acceder a la compra de una vivienda de protección oficial (VPO) aquellas unidades familiares con ingresos anuales inferiores a 5,5 veces el salario mínimo interprofesional (SMI), que en estos momentos se sitúa en 1,01 millones de pesetas. Para las familias numerosas, estos límites de ingresos se ven incrementados hasta un 20%. Asimismo, las comunidades autónomas podrán también incrementar hasta otro 25% adicional el nivel de ingresos exigido, en función del precio de la vivienda en su territorio.

El plan, cuya aplicación está prevista para enero de 2002, intensificará las ayudas para las familias con menos ingresos, creando un tramo especial para quienes no superen el millón y medio de pesetas anuales. Estos hogares podrán acceder a un ayuda para la entrada del 11% del precio del piso, más la subsidiación del 20% de la cuota mensual de la hipoteca durante los primeros 10 años de vida del préstamo.

Una de las novedades del plan que presenta hoy Cascos es que se puede compatibilizar el cobro de la ayuda a la entrada con la subsidiación de parte de la cuota de la hipoteca. Gracias a esta modificación, las familias con ingresos anuales entre 1,5 veces y 3,5 veces el SMI se ahorrarán hasta un 8% del precio de la vivienda por la ayuda directa a la entrada y cada mes el Ministerio de Fomento se hará cargo del pago de hasta un 15% de la cuota de amortización del préstamo hipotecario durante 10 años.

Además, y por primera vez en la historia de los planes de vivienda, las familias numerosas tendrán condiciones y ventajas específicas por el mero hecho de serlo, tales como ayudas directas adicionales, facilidades para el cambio de domicilio a uno mayor o preferencia a la hora de acceder a pisos de mayor superficie. Además, en función del número de hijos, la ayuda a la entrada alcanza las 700.000 pesetas y la subsidiación de la cuota se amplía un 5% adicional y otros cinco años, según sea el nivel de renta. Los jóvenes hasta 35 años recibirán también una ayuda especial de 500.000 pesetas para la compra de su vivienda.

En relación con los precios máximos de venta, el plan prevé que a partir del precio básico del metro cuadrado de una vivienda protegida, que ahora está fijado en 100.500 pesetas, las regiones, según las peculiaridades de su territorio, puedan aplicar para cada municipio una escala variable que podrá llegar hasta multiplicarlo por 1,56.

Se pretende con esta medida diversificar los precios máximos de las VPO, adecuándolos a las distintas situaciones territoriales para incentivar su construcción, de modo que aumente su oferta, tanto por parte de los promotores públicos como privados.

Por último, estas medidas supondrán un gasto para las arcas del Estado de 90.010 millones de pesetas (540,97 millones de euros) conforme al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, un 3,3% más de lo presupuestado en 2001.

Pisos en alquiler por 30.000 pesetas al mes

Tradicionalmente uno de los problemas que explican el retraso con que se independizan en la actualidad los jóvenes es el elevado precio de la vivienda y la falta de alternativa en un mercado de alquiler competitivo. En España, apenas un 15% de la población vive de alquiler, frente a cifras mucho mayores en el resto de Europa.

Con el objetivo de fomentar la construcción de un nuevo parque de viviendas para alquilar, el plan incrementa la ayuda a los promotores, que pasa a constar de una subvención directa de hasta el 20% del precio del proyecto y el 50% de la subsidiación del crédito durante cinco años y el 40% los 15 años siguientes. Además, limita el precio del alquiler al 4% del valor de la vivienda, dando como resultado una renta de 30.000 pesetas mensuales para un piso de 70 metros cuadrados, salvo en los municipios singulares. Además, los inquilinos, pasados 10 años, podrán optar, previo acuerdo con el propietario, por la compra del inmueble, a precio de protección oficial.

Más incentivos para paliar el coste de urbanización

Los últimos cuatro años se han caracterizado por una re-c-u-peración del mercado in-mo-biliario que sólo resiste comparaciones con el anterior periodo de boom inmobiliario de finales de los ochenta. La fuerte creación de empleo y la no menos espectacular rebaja de los tipos de interés propiciaron un aumento de la renta disponible de las familias que fue destinado masivamente a la compra de vivienda, coincidiendo con el acceso a la primera residencia de gran parte de la generación del baby boom de los setenta.

Pero al mismo tiempo que los visados de obra nueva de viviendas libres registraban cifras récord, en 2000 se superaron las 600.000 viviendas iniciadas, y los precios crecían a ritmos superiores al 12% anual, el interés de los promotores por la VPO disminuía a tasas desconocidas.

Mientras que en 1993, el 49,3% de los visados de obra nueva correspondió a viviendas protegidas, el pasado año apenas alcanzó el 7,5%.

Otro dato que sostiene el declive de la promoción de viviendas protegidas es el volumen de financiación convenida con las entidades financieras, que en 1995 alcanzó los 927.000 millones de pesetas, mientras que el pasado ejercicio dicha financiación apenas superó los 379.000 millones de pesetas. Por este motivo, y ante un inminente frenazo del mercado inmobiliario global, el Ministerio de Fomento ha ampliado el abanico de ayudas destinadas a los promotores para la construcción de esta clase de inmuebles.

Además de los incentivos al alquiler, se intensifican las ayudas a la urbanización de suelo destinado a VPO, concediéndose subvenciones de hasta un 40% del coste de urbanización, con un límite de 400.000 pesetas por vivienda para aquellas áreas de urbanización que se destinen, al menos en un 75%, a la construcción de estos pisos.

Asimismo, en el nuevo programa de actuaciones urbanísticas se reforzará la figura de los alojamientos o unidades habitacionales, intermedios entre viviendas individuales y residenciales colectivas para grupos sociales como inmigrantes o la tercera edad, entre otros.

El Ministerio de Fomento pretende involucrar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, a los que ha recordado que recae la competencia sobre el suelo, en la solución de los problemas de vivienda de los ciudadanos.

Para ello, y ante la ausencia del pacto de Estado que anunció el presidente José María Aznar al final de la pasada legislatura, Fomento prevé intensificar la cooperación con las Administraciones territoriales estableciéndose mecanismos para que aquellas que más eficientemente colaboran con la consecución de los objetivos de la política estatal de vivienda, puedan gestionar un mayor volumen de los recursos financieros del plan.

Los promotores, por su parte, han mostrado en reiteradas ocasiones su disposición a construir VPO, pero siempre que esta actividad les reporte unos mínimos de rentabilidad, para lo que creen indispensable más incentivos directos y solares urbanizables a precios atractivos, circunstancias que no se han prodigado en los últimos ejercicios. Los costes de construc-ción creciendo al 30% y subastas de suelo que han disparado su valor en algún caso en Madrid hasta un 3.000% no han hecho sino dificultar más la promoción de VPO.