Cantabria rebajará del 69% al 49% la representación pública en la caja
El Gobierno de Cantabria ha elaborado un anteproyecto de ley para las cajas que limita al 49% la representación pública en Caja Cantabria. Además, introduce una serie de incompatibilidades para ser consejero, entre las que destaca la de controlar cuotas participativas. Regula la posibilidad de fusiones interregionales y crea la figura de la junta de impositores.
El expediente abierto por Bruselas a Caja Cantabria ha reactivado el debate sobre las cajas. El Gobierno de Cantabria ha elaborado un anteproyecto de Ley de Cajas, en el que se pretende reducir la representación pública en Caja Cantabria del casi 69% actual al 49%, el límite en el que la norma comunitaria deja de considerar a una entidad financiera banco público. æpermil;ste es el límite que el Gobierno central quiere introducir para todas las cajas para evitar nuevos choques con la CE. La mayoría de las cajas considera, no obstante, que el problema del sector, en el que cada vez se hace más patente el intervencionismo político, no se soluciona con ello.
El anteproyecto de Ley de Cajas de Cantabria limita al 27% la representación del Parlamento, y al 17%, la de las corporaciones municipales (ahora estos grupos suman el 60%). Los impositores tendrán el 30%; los fundadores, el 10% (que se repartirá proporcionalmente, con lo que ayuntamientos y Parlamento tendrán un peso del 49%, frente al 69% actual), y los empleados, el 6%.
Se limita a tres mandatos de cuatro años el periodo máximo de mandato de los consejeros y presidente. Además, se regula una larga lista de incompatibilidades para los consejeros. Entre ellos, se prevén ya incompatibilidades por ser titular de cuotas participativas: no podrán ser consejeros los titulares "de cuotas participativas por importe superior al 5% de los recursos propios de la caja".
Además se quiere evitar que vaivenes políticos alteren la entidad, al señalar que "una vez nombrados o elegidos (los consejeros) no podrán ser cesados antes de finalizar su mandato".
Otra novedad es la creación de la junta de impositores, formada por los consejeros generales en representación de los impositores. Su función es la de "canalizar, recíprocamente, la información entre la entidad y sus clientes".
El Gobierno autónomo busca consenso
El Gobierno de Cantabria quiere que la Ley de Cajas cuente con el mayor consenso político posible, por lo que quiere negociar su contenido con el resto de los grupos políticos. El consejero de Economía, Juan José Fernández Gómez, señaló a Cinco Días que "la idea es que sea una ley de consenso, por lo que hay que ver qué dice el PSOE", informa Patricia Colino. Por eso, aunque ya tienen un borrador de anteproyecto, el texto está lógicamente abierto a modificaciones. En líneas generales, pretende reducir la presencia de cargos públicos en el consejo y asamblea de la caja. Está por definir el peso concreto (en el anteproyecto se establece el 49%). Juan José Fernández Gómez cree que hablar de politización de las cajas es un debate falso e insiste que lo importante es que los criterios que rijan la gestión de la entidad sean económicos no políticos. Respecto al expediente abierto a Caja Cantabria por un crédito a Sniace, el consejero está convencido de que no puede considerarse ayuda de Estado al tratarse de un crédito participativo en condiciones de mercado.