España apoya cambiar la protección agraria por regulaciones de mercado
Aunque España no tendrá voz propia en Doha, ya que el reglamento de la OMC considera a la Unión Europea como una entidad única (aunque con 15 votos), la delegación española, encabezada por el vicepresidente económico Rodrigo Rato, negociará hasta el último momento que la posición comunitaria recoja el máximo de prioridades españolas, que se centran fundamentalmente en el sector agrario, la protección a las denominaciones de origen y la pesca.
En líneas generales, y en coincidencia con los planteamientos de la UE, la Administración española considera prioritario asegurar el lanzamiento de una nueva ronda de negociaciones que garantice la continuidad del proceso de liberalización del comercio mundial y que permita incorporar a todos los miembros de la OMC en el sistema multilateral del comercio y muy especialmente a los países en desarrollo.
En este contexto, una de las preocupaciones tanto de España como del bloque comunitario en su conjunto es conseguir que los países en vías de desarrollo afectados por epidemias puedan beneficiarse de las flexibilidades en el acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual para favorecer el acceso efectivo de sus poblaciones a los medicamentos.
Al margen del planteamiento general, el Gobierno español tuvo ya que dar marcha atrás, durante las negociaciones previas entre los Quince, a su negativa a aceptar nuevas concesiones en los sectores agrícola y textil. Estas cuestiones han quedado relegadas ante el objetivo prioritario de no volver a fracasar en la apertura de la nueva ronda (nadie quiere repetir Seattle) con una agenda lo más amplia posible que incluya los llamados "nuevos temas": inversiones, competencia y medio ambiente".
Así, en el capítulo agrícola las autoridades españolas tienen asumido que la Conferencia de Qatar será el "principio del fin de las restituciones a las exportación", por lo que la posición inflexible de antes varía ahora hacia la aceptación de la liberalización del comercio de productos agrarios a cambio de que se reconozca la "multifuncionalidad del sector" y el papel que desempeña en el equilibrio territorial de los países y en la preservación del medio ambiente.
En síntesis, lo que se pretende es regular el mercado agrario para que junto a la desprotección arancelaria se incorporen al máximo nivel las normas de calidad, seguridad alimentaria, seguridad animal y medio ambiente que la UE exige a los productos europeos.
Vinculada a esta cuestión está la prioridad española por conseguir que el acuerdo sobre propiedad intelectual consagre la protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.
Finalmente para los intereses españoles es prioritario también que la pesca tenga un tratamiento específico para garantizar que cualquier liberalización del comercio pesquero tenga en cuenta el cumplimiento de la convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, y de los objetivos de los acuerdos internacionales sobre la conservación del medio ambiente y gestión de los recursos naturales.