El Supremo lanza en una sentencia un duro ataque contra el Constitucional
El Tribunal Supremo ha pasado del mero malestar al enfrentamiento duro y abierto con el Constitucional. Le acusa de "negligencia", de vulnerar la ley de forma "inaceptable" y de no conocer sus competencias jurisdiccionales. Es la respuesta del Supremo a la orden del Constitucional de aumentar la indemnización a Isabel Preysler de 25.000 pesetas a 10 millones por una información publicada en una revista, que según el Constitucional y en contra de lo que resolvió el Supremo, vulnera su derecho a la intimidad.
La Sala de lo Civil del Supremo ha aprovechado una sentencia sobre derecho a la intimidad referente a Alberto Cortina para verter duras acusaciones contra el Constitucional a causa de otra sentencia similar sobre una publicación que se refería a Isabel Preysler.
El Constitucional resolvió un recurso de amparo a favor de Isabel Preysler y le reconoció la vulneración de su derecho a la intimidad por la revista Lecturas al publicar las declaraciones de una persona que había trabajado a su servicio en 1992. Ordenó al Supremo que revocara su sentencia y acordara la idemnización. La fijó en 25.000 pesetas. Preysler protestó ante el más alto tribunal y éste volvió a conceder el amparo y fijó la indemnización en 10 millones. Algo que molestó profundamente al Supremo. Este tribunal afirma que el Constitucional, "cuyos razonamien-tos son inaceptables, desconoce el concepto de instancia procesal e incurre en un error mayúsculo, inexcusable" por hacer valer los razonamientos de la Audiencia de Madrid, que falló a favor de Preysler, por encima del Supremo.
A juicio de la Sala de lo Civil, se ha carecido de sentido jurídico y se ha vulnerado la legalidad por hacer prevalecer "un voluntarismo" co-mo soporte jurídico. Asegura que es un "atrevimiento" por parte del Constitucional calificar de "simbólica e insignificante" la indemnización de 25.000 pesetas. Calificativos con los que, según el Supremo, también se trata de "mermar" sus facultades.
El precio de una muerte
El Supremo considera la indemnización de 25.000 pesetas ajustada a la lógica y a la realidad social. Por ello explica que las muertes por accidente de tráfico se indemnizan con 15 millones, el homicidio de un ama de casa a manos de su marido se compensa con cinco millones y la muerte de un obrero de la construcción con 10 millones. También razona que si un minero pierde una pierna le pagan seis millones y que lo que se pagará a la esposa de Miguel Boyer es lo que gana una persona en 10 años con el salario mínimo. La Sala advierte al Constitucional que reflexione sobre su actuación "negligente" y evite repetirla, ya que podría incurrir en "culpa con representación o dolo eventual". El Constitucional, según el Supremo, se arroga atribuciones y traslada una inaceptable sospecha o desconfianza hacia el alto tribunal.
La sentencia ha sido redactada por el presidente de la Sala, Ignacio Sierra, y firmada por todos los magistrados, excepto por uno.