Los competidores consideran vacío el pacto del Gobierno con Microsoft
Las mayores competidores de Microsoft están convencidos de que el convenio negociado por el Gobierno para poner fin al juicio antimonopolio no resuelve nada porque deja fuera puntos esenciales y, además, está lleno de resquicios que permitirán su incumplimiento.
El acuerdo entre Microsoft y el Gobierno de EE UU ha dejado perplejos a los mayores competidores de la compañía, que habían participado activamente en el proceso antimonopolio presentando pruebas y evidencias en contra del gigante informático, y esperaban que se le aplicaran castigos mucho más duros.
La mayoría se queja de que este convenio no resolverá nada porque ignora aspectos esenciales de la demanda y, además, la letra pequeña hará difícil su aplicación exhaustiva.
Jonathan Schwartz, vicepresidente de Sun Microsystems, declaró a la prensa local que este acuerdo supone "la mayor amenaza a los negocios basados en Internet" que haya visto nunca y que, "aunque se presenta como favorable al consumidor, ningún consumidor afirma esto".
Paul Cappuccio, jefe del equipo legal de AOL Time Warner, alabó el esfuerzo hecho por el Departamento de Justicia pero se quejó de que el pacto "hace muy poco para promover la competencia y proteger a los consumidores". Además, "puede ser eludido con demasiada facilidad". Y citó como ejemplo previo el incumplimiento por parte de Microsoft del acuerdo de buena conducta que ya firmó con el Gobierno en 1994.
Sobre el papel, el acuerdo incluye provisiones que pueden ayudar a impulsar la competencia en la industria. Pero los críticos consideran que los términos son demasiado vagos y que la letra pequeña hace que el documento esté lleno de grietas:
Combinación de programas. Aunque la demanda antimonopolio tuvo como origen la inclusión del navegador de Internet Explorer en el sistema operativo Windows, el convenio no establece ninguna traba a la combinación de productos por parte de la compañía. Según KellyJo McArthur, jefe del equipo legal de RealNetworks, este acuerdo "permite a un monopolio ilegal declarado decidir, con plena discrecionalidad, lo que formará parte de un sistema operativo en monopolio en el futuro" y esto "no es un castigo, sino un premio".
Código fuente. Microsoft deberá ampliar el acceso al código fuente del sistema operativo Windows para que otras empresas "cualificadas" tengan más facilidad a la hora de desarrollar aplicaciones y servicios que funcionen con dicho programa. Pero la letra pequeña es bastante vaga: la política deberá aplicarse en "razonables y no discriminatorios"; y Microsoft podrá bloquear el acceso a estas especificaciones técnicas aduciendo motivos de "seguridad" y "privacidad". En caso de conflicto, se supone que el panel de supervisores será quien decida qué compañía debe tener acceso a qué nivel de información.
Iconos. Con este convenio, los fabricantes de ordenadores tendrán más libertad para instalar iconos y accesos directos de programas pertenecientes a competidoras de Microsoft. Pero ésta puede limitar dichas actividades si considera que "perjudican el funcionamiento del interface".
Sistemas operativos. Los fabricantes de ordenadores podrán incluir en sus equipos otros sistemas operativos alternativos a Windows. Pero en el documento propuesto no queda claro si estarán o no autorizados a comercializar equipos que no lleven instalado el sistema operativo de Microsoft.
Compatibilidades. Las versiones futuras de Windows no podrán alterar automáticamente los accesos directos e iconos instalados en el ordenador (tendrá que pedir autorización al usuario para hacerlo).
Pero Microsoft sí podrá bombardear a los usuarios con "invitaciones" a sustituir los programas de sus competidores por los suyos durante un plazo de "14 días desde la activación inicial" del ordenador personal.
Estos y otros puntos están siendo estudiados minuciosamente por los fiscales estatales, que tienen hasta mañana martes para decidir si se suman o no. Algunos habían pedido castigos mucho más drásticos contra la compañía. Pero la amenaza de recesión y la crisis desatada por los atentados de septiembre ha hecho que algunos como Eliot Spitzer, de Nueva York, moderen su posición. Es decir, que todavía es posible que decidan apoyar el pacto negociado por el Gobierno.