Gates y Bush alegan que su pacto refuerza la economía de EE UU

Microsoft y el Departamento de Justicia de EE UU dieron ayer por cerrado su contencioso judicial y presentaron el acuerdo como un triunfo para los consumidores que, además, reforzará la economía del país. Los fiscales de los Estados tienen hasta el martes para decidir si se suman al acuerdo o continúan el juicio antimonopolio por su cuenta.

El Gobierno de George Bush y los ejecutivos de Microsoft presentaron ayer a la juez Colleen Kollar-Kotelly un pacto amistoso con el que pretenden poner punto final al juicio antimonopolio contra la compañía. Ambas partes presentaron el acuerdo como beneficioso para las empresas, los consumidores y la economía de EE UU.

El diagnóstico contrasta con la valoración hecha por los grupos de consumidores y las patronales informáticas, que recibieron el pacto con duras críticas porque lo consideran demasiado blando.

Bill Gates, el cofundador de la compañía, intentó espantar esta idea diciendo que los castigos van "más allá de lo que habríamos querido".

"Aunque este acuerdo impone algunas normas muy duras y restricciones a nuestro negocio", señaló, "cree-mos que resolver este caso ahora es lo adecuado para nuestros clientes, para toda la industria tecnológica y para la economía".

John Ashcroft, fiscal general y máximo responsable del Departamento de Justicia, también presentó el acuerdo como un triunfo para todos: "Es el resultado adecuado para los consumidores y las empresas, el resultado adecuado para la economía y el resultado adecuado para el Gobierno".

Para que sea efectivo, el compromiso debe ser autorizado por la juez Colleen Kollar-Kotelly. Y para poner fin al juicio definitivamente también es necesario que se sumen los fiscales de los 18 Estados incluidos en la demanda (que tienen de plazo hasta el próximo martes para tomar una decisión).

Algunos Estados han mantenido hasta ahora posiciones muy duras contra Microsoft, pero la crisis desatada por los atentados del 11 de septiembre y la amenaza de recesión pueden hacer que moderen su posición y acepten el acuerdo.

Si deciden rechazarlo, pueden presentar objeciones durante el periodo de consultas públicas. Un plazo de 60 días en el que cualquier particular, empresa u organismo podrá hacer alegaciones y que puede prolongarse hasta febrero.

Además, los fiscales estatales pueden continuar por su cuenta con el juicio antimonopolio (en bloque o sólo algunos). Pero los expertos legales creen que el caso perderá mucha fuerza si el acuerdo con el Gobierno es aprobado, sobre todo teniendo en cuenta que la juez favorece claramente una solución amistosa y rápida.

El preacuerdo entre Microsoft y el Gobierno establece que la compañía no podrá "tomar represalias" contra los fabricantes de ordenadores que decidan promocionar programas de firmas competidoras. Y la obliga a ofrecer las licencias de Windows en igualdad de condiciones a todos.

Además, Microsoft dará mayor acceso al código fuente del sistema operativo Windows para que las compañías que desarrollan aplicaciones no estén en desventaja frente a ella por la falta de acceso a estas especificaciones técnicas. Un punto cuya aplicación seguramente será polémica.

El tema que más preocupa a los detractores del acuerdo es que Microsoft podrá seguir combinando todo tipo de productos y servicios.

El convenio tendría una vigencia de cinco años (ampliable en otros dos años más si la compañía lo incumple) y un panel de tres expertos supervisará su aplicación trabajando desde las propias instalaciones de Microsoft y con acceso a toda la información de la compañía (incluidos los códigos fuente).

 

Protesta de los consumidores y la competencia

Las reacciones al pacto amistoso entre el Departamento de Justicia y Microsoft no pueden ser más dispares. En Wall Street, la mayoría de los analistas calificaron la noticia como "un claro triunfo" para la compañía.

John McPeake, de Prudential Securities, publicó una nota en la que dice que "el acuerdo aparentemente exige pocos cambios en el Windows XP, si es que exige alguno, y deja aspectos importantes del poder de Microsoft intactos". Drew Browsseau, de SG Cowen, también cree que el acuerdo no supondrá "ningún cambio relevante para el comportamiento y la estrategia de producto" de Microsoft.

Las reacciones fueron mucho más pesimistas en las asociaciones de consumidores y las patronales informáticas.

Ed Black, de la Asociación de la Industria Informática y de las Comunicaciones (donde están, entre otros, America Online, Sun y Oracle), dijo que este acuerdo no servirá para "refrenar el continuo abuso del poder masivo de monopolio" de Microsoft. Ken Wasch, presidente de la Asociación de la Industria del Software, se quejó de que "a pesar de la luz verde dada por el tribunal, el Departamento de Justicia se conformarse con nada". Mark Cooper, de la Federación de Consumidores de América, dijo que "el acuerdo no ataca el corazón del caso inicial" ni "los problemas con el Windows XP".

Mike Petit, presidente del ProComp (asociación que agrupa a los mayores competidores de Microsoft), pidió que "no pretendamos que este acuerdo vaya a restaurar la competencia, porque no lo hará".

Y Jonathan Zuck, de la Asociación para la Tecnología Competitiva (un grupo de presión favorable a Microsoft), denunció el convenio porque lo cree "muy intervencionista".