La UE aprueba un código para evitar abusos de poder en sus instituciones
Eliminar los abusos de poder, las discriminaciones de cualquier signo, la parcialidad en las decisiones y el mal trato de los funcionarios hacia ciudadanos y empresas comunitarias. Estos son los objetivos del código de buena conducta administrativa que ha puesto en marcha la Unión Europea. El texto, que deberá ser respetado por todas las instituciones, es el resultado de llevar a la práctica la Carta Europea de Derechos Fundamentales que los Quince aprobaron en Niza.
En la Administración pública de un mundo ideal, el funcionario debería ser una persona competente, objetiva, imparcial, diligente, cortés, accesible en sus relaciones con las empresas y los particulares y, si es posible, sonriente. Un modelo aparentemente perfecto que la Unión Europea ha decidido llevar a la práctica a través de un código de buena conducta administrativa que acaba de ver la luz.
Impulsado por el defensor del pueblo europeo, Jacob Söderman, el texto ha sido aprobado por el Parlamento Europeo y deberá ser aplicado por todas las instituciones y órganos de la UE. Sus objetivos principales son regular las relaciones de la Administración con las empresas y los ciudadanos y desterrar, en la medida de los posible, los abusos de poder, las discriminaciones, la parcialidad en las decisiones y el trato desconsiderado o grosero de los funcionarios hacia el público.
Pese a todos los esfuerzos realizados por Söderman, la eficacia jurídica del texto es por el momento limitada. Así, los ciudadanos o compañías que sean objeto de alguna mala práctica administrativa podrán presentar una denuncia ante la oficina del Defensor del Pueblo Europeo, pero les estará vedado el acceso a los tribunales europeos. Conscientes de esa limitación, tanto Söderman como el Parlamento Europeo han manifestado su intención de pedir a Bruselas que elabore un reglamento comunitario en el que se plasmen los principios del texto. El Defensor del Pueblo Europeo considera que una ley así "constituiría un paso de gigante en la construcción de una genuina ciudadanía europea".
El código, que consta de 27 artículos, impone al personal de las instituciones europeas la obligación de garantizar la igualdad de trato a las empresas y los particulares y el deber de evitar los abusos de poder. "Los miembros del público que se encuentren en la misma situación serán tratados de forma similar", señala el texto. Además, los funcionarios deberán ser imparciales, independientes y justos y sus actuaciones "nunca estarán guiadas por intereses personales, familiares o nacionales, ni por presiones políticas".
El personal de la UE será "diligente, correcto, cortés y accesible en sus relaciones con el público". Al responder la correspondencia, el teléfono o el correo electrónico "tratará en la mayor medida posible de ser servicial y responderá a las preguntas de la manera lo más completa y exacta posible".