TRIBUNA

La operación Chamartín, al juzgado

Miguel Ángel Aguilar explica el contenido de una reciente querella relativa al proyecto urbanístico de Chamartín, en Madrid. Considera que su admisión a trámite esclarecerá el asunto, reservado hasta ahora a unos pocos.

La operación Chamartín, con la que el PSOE relacionaba el miércoles a dos empresas de la familia Rato, ya está también desde el mismo día en los juzgados de la plaza de Castilla. En esta misma columna de los viernes se dejó constancia a partir del mes de julio de que la operación Chamartín, la más grande ocasión urbanística que vieron los siglos en Madrid, echaba humo. Ahora el Instituto de Vulcanología acaba de anunciar que este preciado cráter tanto tiempo apagado va a entrar en erupción y recomienda evacuar a las poblaciones más próximas en previsión de los daños que pudiera causar. En resumen, que un conflicto de alta intensidad, hasta ahora tratado como materia reservada para unos cuantos, merced al enfrentamiento de antagonistas en proximidad, puede permitir que salte la chispa iluminadora del arco voltaico, con gran alegría para el público del patio de butacas que así verá en la pantalla la proyección de la película de los hechos.

En todo caso, la máquina dentada de la justicia dejará sentir sus efectos a partir de la solicitud que el miércoles pasado cursó la representación legal de la Asociación de Reversionistas de la Operación Chamartín en el juzgado de instrucción de la plaza de Castilla. El escrito lleva la firma del letrado Luis Rodríguez Ramos, tiene registro de entrada del día 31, y solicita al juzgado que tenga por ejercitadas las acciones penal y civil, mediante la interposición de la correspondiente querella, contra las personas físicas y jurídicas que allí relaciona, que la admita a trámite y que acuerde la práctica de las diligencias que se interesan para el esclarecimiento de los hechos. Pero resulta que, coincidiendo con la llegada de los escritos al juzgado, Rafael Simancas, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid y secretario de la Federación Socialista Madrileña, hacía unas declaraciones según las cuales "el impulso que está a punto de recibir la atascada operación Chamartín" podría estar relacionado "con la vinculación de dos empresas de la familia Rato Figaredo con la Duch (Desarrollo Urbanístico Chamartín)". Según informa Azucena Criado en el diario El País, el responsable socialista se refería a las empresas Riofisa y Urbanismo y Ciudad, que han adquirido recientemente 70.000 metros cuadrados de suelo dentro de la zona de la operación Chamartín. Y cómo no, en los consejos de administración de las citadas empresas aparece Ramón Rato, hermano manirroto del vicepresidente.

Volvamos a la querella penal, sobre cuya admi-sión a trámite deberá pronunciarse el juzgado, que se dirige contra algunos de los máximos directivos de Renfe -el presidente, el director general de infraestructuras y el ex director y actual director general de operaciones-; contra los encargados directos del Proyecto Chamartín -Ignacio Fernández Blanco, gerente; Arturo Alonso Sánchez, jefe económico-legal, y Julio Cintora León, jefe técnico-; contra Joaquín Fuentes Bardají, ex secretario del consejo de administración de Renfe; contra José Luis Marroquín Mochales, secretario del consejo y director de su asesoría jurídica; así como contra Emilio Cebamanos Jarreta, presidente del consejo de administración de Desarrollo Urbanístico Chamartín, SA (Duch, SA), y por último, contra las entidades Renfe y Duch, como posibles responsables civiles subsidiarias.

Entre los hechos delictivos que aduce la querella figura la ampliación a favor de Duch de la concesión inicialmente otorgada sobre los terrenos del recinto ferroviario de Chamartín al otro recinto ferroviario de Fuencarral. Ampliación efectuada por Renfe sin publicidad y sin convocar un nuevo concurso para la adjudicación, pese a la existencia de informes contrarios que sostenían la imposibilidad legal de la renovación contractual y que determinaban la necesidad de una nueva concurrencia pública. También refiere la querella la negativa de Renfe a desafectar formalmente los terrenos objeto de concesión con el único y exclusivo fin de eludir el ofrecimiento de los derechos de reversión a los legalmente legitimados. La única excepción al ninguneo de los derechos de los más de 2.000 reversionistas se ha hecho con la Compañía de Jesús, con cuyo provincial, padre Villamandos, Duch ha firmado un acuerdo secreto estimado en más de 6.000 millones de pesetas, que obligaba a su mantenimiento dentro de la más estricta confidencialidad y a evitar su conocimiento por terceros.

Los querellantes subrayan la ocultación de informes de la asesoría jurídica de Renfe. Informes que demandaban la resolución de la concesión otorgada a favor de Duch, SA, mediante la declaración de caducidad de la misma debido a los graves incumplimientos de las obligaciones asumidas por la concesionaria en el propio título concesional. Resolución de la concesión que llevaba aparejada la exigencia de una indemnización económica a satisfacer por Duch a Renfe superior a 35.000 millones de pesetas. En cuanto a las responsabilidades civiles pretendidas por los querellantes se centran, según el referido escrito de solicitud al juzgado, en la nulidad de las mencionadas resoluciones por ser constitutivas de los delitos reseñados, mientras que de los derechos de los reversionistas dicen que ya se han reclamado en tiempo y forma ante la jurisdicción contencioso-administrativa, cuyo pronunciamiento está pendiente.

Entre las diligencias que los querellantes proponen para comprobar los hechos narrados figura el interrogatorio de los querellados y la declaración tras ser advertidos de que podrían devenir en imputados, si se acreditara indiciariamente su participación en los hechos, de una lista de testigos de postín para la que falta espacio en la columna de hoy. Agárrense que viene curva.