El empleo público crece a un ritmo del 9% anual, el triple que el privado

La contratación en las Administraciones públicas está creciendo más de lo esperado. En enero del año 2001 -último del que se dispone de datos oficiales- el sector público contaba con un total de 2.243.244 trabajadores, tras incrementarse un 9% en ese ejercicio, el triple de lo que creció el empleo en el sector privado ese año. Este fuerte incremento del empleo público se contradice con la norma presupuestaria de los Gobiernos del PP de reponer sólo una de cada cuatro bajas vegetativas.

El Gobierno no está cumpliendo su intención inicial de disminuir el volumen de trabajadores del sector público. Por el contrario, la plantilla de funcionarios se ha ido incrementando desde la llegada de los populares al poder en 1996. Es más, en 2000 se disparó la contratación en el sector público con la incorporación de 186.309 nuevos efectivos, hasta cifrar el total de trabajadores de las Administraciones públicas en 2.243.344 personas. Esto supone un fuerte incremento del empleo público del 9%.

Las Administraciones autonómicas son las que más han incumplido la buena práctica de recortar sus plantillas auspiciada por el Ejecutivo. Así, las comunidades autónomas contaban con 690.370 trabajadores en enero de 2000, elevándose esta cifra a 932.716 efectivos un año después, lo que representa un elevado incremento del 35%.

En teoría, este aumento del empleo público en las Administraciones autonómicas estaría justificado por el proceso de traspaso de competencias, que lleva aparejado un trasvase de funcionarios de la Administración General del Estado a la autonómica.

Sin embargo, en la práctica esto no ocurre así. Anali-zan-do los datos del Registro Oficial de Personal de las Administraciones Públicas, la dis-minución del personal de la Administración central no se corresponde con el incremento de la plantilla autonómica, pues la primera sólo reduce sus efectivos un 15% frente al 35% de crecimiento de funcionarios regionales.

De esta forma, la Administración General del Estado se queda, tras el avanzado proceso de transferencias a las comunidades, con 434.538 trabajadores. Esto indica que en el año 2000, por primera vez, las comunidades contaron con más personal que el Estado. Pero la justificación teórica de recurrir al traspaso de competencias para engrosar las plantillas de las autonomías se derrumba aún más si se analiza la evolución del empleo público desde una perspectiva más amplia.

Entre julio de 1996 y enero de 1991, las Administraciones autonómicas han ganado 296.327 trabajadores, lo que ha supuesto prácticamente duplicar su plantilla; mientras que en estos mismos años, la Administración general tan sólo perdió 168.942 trabajadores, un 28%.

Esto certifica la dudosa efectividad de la principal medida del primer Gobierno del PP, conocida como "limitación de la tasa de reposición" y que sólo permite sustituir una de cada cuatro bajas que se registran en la plantilla de la Administración.

Bien es cierto que durante el pasado ejercicio, salvo en los caso mencionados y en las plantillas de los ayuntamien-tos y del personal de Justicia -que crecieron un 2,2% y un 7,7%, respectivamente, el pasado año-, en el resto de las áreas de la Administración pública estatal sí se han observado ligeros descensos en el número de efectivos.

El recorte más grande se registró el pasado año en las universidades españolas, que vieron su plantilla adelgazada en 4.034 trabajadores, un 4,4%. El número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también sufrieron un recorte del 1,1%.

 

La ocupación de ayuntamientos y comunidades duplica a la estatal

Los empleados públicos de comunidades autónomas y ayuntamientos casi duplican en número a los del Estado, que mantiene aún aproximadamente un tercio de los más de 2.200.000 personas que trabajan al servicio de las Administraciones públicas españolas.

Según datos del Ministerio de Administraciones Públicas, el número de empleados de la Administración autonómica es mayor que el de los que trabajan para el Estado en más de la mitad de las comunidades.

En Navarra y el País Vasco, los empleados autonómicos son más del triple que los estatales: la Administración foral navarra da trabajo a 19.980 personas, mientras que la estatal emplea a 6.636; los empleados públicos de la comunidad autónoma vasca son 56.716, en tanto que los del Estado llegan a 6.847.

En Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia los trabajadores autonómicos representan más del doble de los que prestan servicio para la Administración central. También son superiores en Castilla-La Mancha y Extremadura.

Probablemente, los empleados autonómicos serán más numerosos que los estatales en todos los casos cuando el Estado transfiera la Sanidad a todas las comunidades pendientes de esta competencia, previsiblemente a partir de enero próximo.

El caso de Madrid es singular, ya que al ser la capital de España y sede de los órganos principales de la Administración del Estado, acoge a un número de empleados estatales casi tres veces superior al de los autonómicos.

Por lo que respecta a los funcionarios al servicio de la Administración local, en general son aproximadamente la mitad de los que trabajan para las comunidades autónomas. Entre otras excepciones, los trabajadores locales de Extremadura representan aproximadamente el 81%.