La APM reclama una carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia
Entre las conclusiones del congreso se encuentra la necesidad de que con carácter previo a la entrada en vigor de la Ley Concursal se realice un estudio profundo de la carga de trabajo que habrán de asumir en el futuro los órganos judiciales en relación con la litigiosidad de cada provincia en cada provincia en materia mercantil.
La Asociación Profesional de la Magistratura clausuró ayer su XIV Congreso ordinario en Madrid con la petición de una carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia y que en el desarrollo del Pacto de Estado para la Justicia se oiga a las distintas asociaciones judiciales en aquellas cuestiones que promuevan modificaciones en la Administración de justicia o el Poder Judicial.
Además, la APM, asociación mayoritaria entre jueces y magistrados, eligió durante el congreso a su nuevo comité ejecutivo, encabezado por el magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, José Ramón Ferrándiz. æpermil;ste se impuso a otro de los candidatos a la presidencia, que era el actual responsable de la asociación, Santiago Martín Vares, quien se presentaba a la reelección.
Entre las conclusiones del congreso se encuentra la necesidad de que con carácter previo a la entrada en vigor de la Ley Concursal se realice un estudio profundo de la carga de trabajo que habrán de asumir en el futuro los órganos judiciales en relación con la litigiosidad de cada provincia en cada provincia en materia mercantil.
Otra conclusión sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y sus relaciones con el poder ejecutivo es que es imprescindible ordenar las facultades disciplinarias en relación con el personal de la Administración de justicia evitando la actual dispersión competencial y "siempre sobre la idea de que las facultades disciplinarias, incluidas las sancionadoras, correspondan primordialmente a los órganos del poder judicial".
Los magistrados de la APM concluyeron también que es necesario proceder a la tipificación común de los delitos terroristas para incorporarla a los tratados internacionales y las leyes penales de los Estados civilizados, en la que se incluyan no sólo los autores, sino "a cuantos presten cualquier colaboración o apoyo a los terroristas". Piden también que agilicen los procesos de extradición de acusados de terrorismo.