Los juzgados recibieron cerca de siete millones de asuntos nuevos en 2000
La litigiosidad en juzgados y tribunales aumentó durante el año pasado, según la última memoria del Consejo General del Poder Judicial. Durante 2000 ingresaron 6,8 millones de asuntos nuevos, frente a los 6,5 millones que se registraron en 1999. La pendencia también se incrementó, sobre todo en los ámbitos civil y laboral, dos jurisdicciones que han cambiado su tendencia desde 1999, ya que durante los cinco últimos años la litigiosidad se venía reduciendo progresivamente.
Los dos problemas con los que se enfrentan juzgados y tribunales son el aumento de litigiosidad y la dilación en la resolución de los procedimientos. Cada año aumenta imparablemente el número de asuntos nuevos que ingresan en los órganos jurisdiccionales y, aunque cada vez la dotación de medios materiales es cada vez mayor, la pendencia sigue creciendo en términos generales, se-gún la última memoria del Consejo General del Poder Judicial.
Hay jurisdicciones, como la civil y la social (laboral), así como en la primera instancia del ámbito penal, en las que la litigiosidad va aumentando "notablemente" en los últimos dos años. El informe también destaca que la dilación es "muy grave", sobre todo en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en algunas salas de tribunales superiores de justicia y en determinadas audiencias provinciales. El Consejo General del Poder Judicial propone en el informe anual que se "adopten medidas que reduzcan el número de litigios, porque en muchas ocasiones carece de sentido judicializar los conflictos sociales".
El consejo mantiene que cualquier reforma judicial debe incluir propuestas que reduzcan los litigios que llegan a los tribunales. Añade que "prácticamente todas las jurisdicciones reciben asuntos que nunca debieron judicializarse, bien porque existen otros mecanismos más adecuados para resolver los conflictos o porque su entidad, cuantía y fundamento no justifican el coste social en que se incurre cuando se judicializan". Señala que se deben dedicar más recursos a la actividad de administrar justicia. Afirma que "al menos se precisa crear algunos órganos y aumentar el número de jueces". También es consciente de que los recursos públicos son limitados. Por ello sugiere que una forma de conseguirlo es agrupando servicios comunes, usar mejor los recursos y racionalizar y optimizar los medios con que se cuenta.
El presupuesto destinado a justicia ascendió a 251.000 millones en el año 2000 y a 275.000 millones en el año 2001. Esto supone un incremento del 9%. De esta forma se mantiene el peso relativo que tenía durante ese año en el conjunto del sector público, es decir, alrededor del 0,3% del producto interior bruto (PIB) y algo más de medio punto porcentual sobre el gasto público.
El número de jueces y magistrados que estaban en ejercicio al finalizar el año 2000 era de 3.949. Lo que equivale a 10 jueces por 100.000 habitantes y supone un aumento del 1% respecto al año anterior (1999). De los 3.949 jueces y magistrados, sólo 3.419 puestos estaban ocupados por personal de plantilla orgánica. Los restantes, 530, casi el 14% de los puestos, eran ocupados por personal no titular del órgano. El número de funcionarios que trabajó durante el año pasado supera ligeramente los 47.000, según datos del Ministerio de Justicia.