El mercado de carne se recupera y el Gobierno pone fin a la intervención
El Ministerio de Agricultura ha intervenido hasta la fecha 64.000 toneladas de carne de vacuno añojo para equilibrar los mercados desde que estalló la crisis de las vacas locas y se desplomaron estrepitosamente las cifras de ventas de este alimento.
España se convierte así en el país comunitario que más carne ha intervenido, un 32% de toda la Unión Europea. Además de la intervención, el MAPA ha comprado a los ganaderos cerca de 80.000 animales bovinos mayores de 30 meses, que en un principio eran destinados a la destrucción, pero que desde el 1 de julio son adquiridos por los mataderos privados, tras la superación de los preceptivos test priónicos. Agricultura ha invertido en esta medida 25.000 millones de pesetas para costear las compras, a razón de una media de 375 pesetas el kilo de añojos y de 262 para los animales mayores de 30 meses.
Las medidas tendentes a paliar la crisis en los mercados generada por la encefalopatía espongiforme bovina contemplaban "la amortiguación del impacto sobre el sector productor", como reza la normativa redactada por la Unión Europea. Para tal efecto se estableció el mecanismo de intervención pública, esto es, la compra de los excedentes de carne de vacuno, que serían sacados al mercado una vez normalizado éste.
No obstante, en tanto que el consumo de canales de bovino no está todavía en los niveles anteriores a la crisis (a pesar de que la recuperación ha sido casi espectacular, hasta el punto en que las compras para la intervención se han paralizado ya), el ministerio está vendiendo los excedentes cárnicos a terceros países o incluso enviándolos en forma de ayuda humanitaria a países del Tercer Mundo.
Hasta que se produce la salida (nunca a mercados nacionales o comunitarios para evitar una nueva crisis), las carnes se almacenan en almacenes frigoríficas, donde pueden estar hasta dos años sin que se pierdan las propiedades esenciales de este alimento.
Por otro lado, la Unión de Pequeños Agricultores sostiene que el Ministerio de Agricultura ha paralizado el Programa de Desarrollo Rural sobre Medidas de Acompañamiento en España durante el periodo 2000-2008, que reconocía la existencia de ayudas que beneficiaban sólo a las grandes explotaciones, y también que "es preciso prever una discriminación positiva favorable a las pequeñas y medianas explotaciones".
Según la UPA, los propietarios temen que el reconocimiento de estas medidas pueda ser un precedente de la modulación (distribución de ayudas en función de la renta), figura largamente reivindicada por los colectivos agrarios progresistas de toda Europa.
El actual sistema de subvenciones comunitarias está fundamentado en el número de hectáreas o cabezas de ganado de los perceptores, de tal manera que cobran quienes más tienen, los que menos lo necesitan.