La ley de comercio digital endurece el control de contenidos ilícitos en la Red
Tras casi dos años de polémica, el Gobierno anunció la semana pasada la inminente aprobación del anteproyecto de ley de comercio electrónico. El texto de este cuarto y último borrador del Ministerio de Ciencia y Tecnología pretende regular los contratos electrónicos con el objetivo de dotar de más seguridad al comercio por Internet. La ley endurece el control sobre contenidos ilícitos en la Red y sanciona con hasta 100 millones la negativa a cerrar una página cuando lo ordene la Administración.
El anuncio sobre la inminente aprobación del proyecto de ley de comercio electrónico que realizó la semana pasada el vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, ha puesto fin a casi dos años de espera. Pese a ello, no es ningún secreto que este cuarto borrador de proyecto de Ley de Servicios de la Información y Comercio Electrónico ha recibido ya críticas desde diferentes ámbitos relacionados con Internet, especialmente desde el sector de programadores especializados en seguridad informática.
Se le ha acusado de censurador e intervencionista y se ha criticado duramente, entre otras, la facultad que otorga a la Administración para clausurar páginas de Internet cuando difundan contenidos ilícitos, es decir, contenidos que atenten contra principios como la salud y el orden público, la no discriminación por sexo, raza o religión o la protección de la infancia.
Así, el texto prevé multas de hasta 100 millones de pesetas para quien se niegue a acatar la orden administrativa de clausurar una página y multas de hasta 10 millones por día de retraso cuando la orden de cierre provenga de una resolución judicial.
Opiniones divididas
La opinión de los expertos legales está, sin embargo, bastante más dividida en este sentido. "Se trata de un texto prudente", resume José María Anguiano, especialista en derecho informático y de telecomunicaciones del bufete Garrigues & Andersen. Anguiano sostiene que gran parte de la comunidad de Internet "parte de un modelo de la Red muy hippy, en el que se olvida que existen conceptos como, por ejemplo, el de la propiedad intelectual, que hay que proteger, y en el que se busca el oscurantismo y la no identificación de los prestadores de servicios". El abogado de Garrigues & Andersen considera que este cuarto borrador es "más permisivo" que los anteriores y tiene una vocación claramente favorecedora a la expansión del comercio electrónico.
Como ejemplo de ello, señala el hecho de que los prestadores de servicios únicamente sean responsables de los contenidos que albergan cuando se acredite que han tenido conocimiento de ellos. "Cualquiera puede afirmar que no conocía esos contenidos" -señala-. "Creo que el Gobierno ha sido poco intervencionista en este aspecto y tendrán que ser los jueces quienes lo modulen".
Carlos Rodríguez Sau, abogado especialista en nuevas tecnologías del bufete Landwell, coincide también en que el nuevo texto ha suavizado la responsabilidad de los prestadores de servicios respecto a los contenidos. "El principal argumento que utilizan los que han criticado el texto es que en otros ámbitos no se ha llevado a cabo una regulación específica, sino que se han aplicado las leyes que ya existían. El Gobierno ha considerado que Internet es un medio especial y que hay que regularlo, y en ese sentido es cierto que tendremos que perder un poco de libertad, porque es necesario regular la Red".
A pesar de ello, reconoce que el futuro proyecto otorga facultades a la Administración que no figuraban en anteriores borradores. "En los textos anteriores hacía falta una resolución judicial para clausurar las páginas, ahora esa potestad la tiene también la Administración", explica.