Vivendi desafía al Gobierno francés por el nuevo móvil
La divergencia entre Gobiernos y operadoras por la concesión de las licencias de UMTS en Europa se amplía por momentos. Ahora ha sido Vivendi la que ha roto la baraja y, en un gesto que tiene mucho de apuesta, se ha negado a pagar al Ejecutivo francés el primer plazo de su licencia de tercera generación. La dueña de la telefónica celular SFR ha mostrado su "posición negociadora" depositando los 619 millones de euros requeridos en una cuenta bloqueada, pero el Gobierno asegura que está "fuera de la ley" y amenaza con represalias.
El plante de las operadoras de telefonía móvil contra los métodos implantados por los Gobiernos europeos para la concesión de licencias UMTS se generaliza. Esta vez, la protagonista del conflicto es Francia, que anteayer fue desafiada públicamente por Vivendi Universal.
La matriz del segundo operador de telefonía móvil del país se negó el domingo a efectuar el primer pago de su licencia de tercera generación, que tenía que desembolsar ayer. En su lugar, ha depositado los 619 millones de euros (102.992,93 millones de pesetas) requeridos por el Estado en una cuenta bloqueada. ¿El objetivo? Presionar al Gobierno para que relaje el precio y el calendario de pago de una factura (825.000 millones de pesetas en total) que Vivendi cree desproporcionada.
El Gobierno francés, Vivendi y France Télécom (concesionaria de otra licencia UMTS) han tenido intensas negociaciones en las últimas semanas para rebajar los compromisos asumidos el pasado mes de junio. Pero la fecha límite ha llegado sin que el Ejecutivo cambiara las reglas del juego. De ahí la reacción de Vivendi, que ha depositado la cantidad en una cuenta bloqueada "como señal de buena voluntad, con el fin de permitir un diálogo constructivo", explicó el domingo en una nota de prensa.
El Ejecutivo, sin embargo, no parece haber apreciado el gesto. Vivendi ha sido declarada "fuera de la ley" y tenía hasta la medianoche de ayer para rectificar. En caso contrario, el Gobierno tomará medidas, que van desde retirar la licencia a obligar al pago con una multa.
La segunda implicada en el conflicto, France Télécom, sí ha cumplido las exigencias de pago, lo que no ha sorprendido a nadie, teniendo en cuenta que su principal accionista es el Estado francés. A pesar de ello, el ex monopolio no ha ocultado su desacuerdo con el precio de la licencia ni sus deseos de renegociar el marco financiero a la luz de la nueva situación de la economía, en general, y de la telefonía móvil, en particular. Además, varios accionistas minoritarios están estudiando denunciar al Gobierno por abusar de su posición mayoritaria en France Télécom.
El plante de Vivendi es consecuencia directa del fracaso del concurso francés de UMTS de junio. El Gobierno tenía previsto conceder cuatro licencias y recaudar 3,3 billones de pesetas en total. Lo elevado de esta suma (toca a 825.000 millones por adjudicatario) llevó a empresas como Telefónica o Bouygues a considerarla desproporcionada y a retirarse de la puja. Ante el temor de que el fracaso del concurso fuera total y sólo se presentara France Télécom, Vivendi recibió fuertes presiones del Gobierno para que no desertara, aseguraba ayer Le Monde. Y no lo hizo, según el diario, porque mediaron promesas de que la cifra se rebajaría.
Las turbulencias que está viviendo Francia son sólo un ejemplo del clima de conflicto abierto que enfrenta a los Gobiernos europeos con las operadoras, debido a la concesión de licencias del nuevo móvil de tercera generación. Las telefónicas no están dispuestas a pagar las abultadas cifras que los Ejecutivos quieren recaudar y, una vez aprendida la lección en las subastas del Reino Unido y Alemania, han ido saboteando una por una el resto de las licitaciones.
Las modalidades de sabotaje han sido variadas, dependiendo de la tipología de la concesión y del país. Los Estados que optaron por la subasta han tenido que enfrentarse a pactos más o menos tácitos entre operadoras para reducir al máximo la factura. Así, Holanda recaudó un tercio de lo previsto, debido a la temprana retirada de uno de los postores. Las aspiraciones de Italia se quedaron a la mitad, después de que el más débil de los candidatos, BT, tirara la toalla. También hubo pacto entre telefónicas en Suiza, y Austria ingresó un 75% menos de lo previsto.
Los países que optaron por el concurso han recibido respuestas más directas y claras. La negativa de Vivendi a pagar lo establecido es un desafío con luz y taquígrafos, como también lo es que las principales telefónicas optaran, simplemente, por no presentarse a las licitaciones. En el caso español, la respuesta de las operadoras también ha sido bastante diáfana y se ha materializado en forma de recursos contra la tasa del móvil. Lo que no ha habido, sin embargo, han sido deserciones previas al concurso, ya que el canon se fijó con las licencias ya adjudicadas.
El resultado ha sido el mismo en todos los casos y los Estados han visto muy mermada la recaudación prevista. Con todo, el Gobierno español es el único que no ha recibido todavía ni una peseta, como confirmó ayer el secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga. El alto cargo eludió pronunciarse sobre cuándo recibirá Hacienda este dinero, dados los recursos planteados por las telefónicas, informa Bernardo Díaz. "Pregunten a las empresas si han decidido pagar antes de fin de año", dijo, recordando, no obstante, que el Ejecutivo "aplicará las normas vigentes para asegurarse la recaudación" en caso de que no obtenga estos ingresos a final del ejercicio.
Rodríguez Ponga confió en que los citados recursos, de índole económico-administrativo, se resuelvan pronto. Sin embargo, no comentó la posibilidad, cada vez más real, de que las compañías acudan a la vía judicial para seguir retrasando el pago de la tasa, cuya cuantía supera el 0,1% del PIB, en un año en el que el Gobierno se ha comprometido a tener equilibrio presupuestario.
NTT Docomo abre la veda de la tercera generación en Tokio
Mientras que en Europa la única prueba palpable de la telefonía móvil de tercera generación es el debate sobre su precio, en Japón los usuarios ya pueden tocarla. El gigante nipón NTT Docomo ha cumplido sus promesas y ayer sacó a la calle su nuevo servicio celular multimedia. La polémica sobre el precio de las licencias niponas no ha existido, porque las operadoras no han desembolsado ni una peseta por las concesiones.
Con un año de adelanto sobre las previsiones más optimistas de sus competidoras europeas, el líder mundial en tecnología celular está comercializando en Tokio los primeros adelantos de la tercera generación, que permite el acceso inalámbrico a Internet a velocidades 40 veces superiores a las actuales, así como la descarga de música y vídeo. Docomo está invirtiendo más de un billón y medio de pesetas en este servicio, denominado FOMA, con la esperanza de asegurarse el liderazgo del mercado nipón de móviles.
El lanzamiento de la tercera generación no se ha hecho sin problemas, sin embargo. La intención de Docomo era sacar el servicio el pasado mes de mayo, pero problemas de inestabilidad en la red lo impidieron. El lanzamiento comercial de ayer es todavía limitado. Por ahora, sólo afecta a Tokio, donde se han puesto a la venta unos 20.000 terminales de tres clases distintas. El precio de los primeros supera las 100.000 pesetas y permite tener servicios de vídeo. El segundo es más accesible, 73.000 pesetas, y da acceso al correo electrónico y a ciertas páginas en Internet. El último modelo en venta cuesta unas 42.500 pesetas y permite únicamente la transmisión de datos.
Docomo es consciente de que todavía ofrece sólo un abanico muy limitado de las posibilidades futuras de la tercera generación y de que su desarrollo será lento. La cobertura nacional tardará un año y el servicio sólo alcanzará los seis millones de abonados dentro de tres años.