Los sindicatos recelan de la propuesta del Gobierno porque creen que les resta poder
Los negociadores sindicales en la mesa de la reforma de los convenios mostraron ayer nuevamente su disconformidad y recelo por el texto elaborado por el Gobierno, por considerar que favorece en exceso las pretensiones de los empresarios en esta materia. Así, Fernando Puig-Samper (CC OO) y Toni Ferrer (UGT) fueron tajantes: la propuesta del Ejecutivo no contará con la firma de estas dos centrales si no incluye modificaciones.
Una de sus principales quejas es la novedad que supone la extensión de las cláusulas de descuelgue a la práctica totalidad de las materias reguladas en los convenios y no sólo a los aspectos salariales, en el caso de que las empresas acrediten que atraviesan una situación de crisis. Asimismo, critican las complejas reglas que regularán la concurrencia de los convenios, que según dicen, persigue dar libre rienda a los empresarios para que incumplan los convenios. Dicho esto, CC OO considera que es un texto sobre el que se puede trabajar para llegar a un acuerdo, mientras que UGT sigue viendo con algo más de dificultad el consenso, aunque "hará los mayores esfuerzos por conseguirlo", señaló Toni Ferrer.
Por su parte, la patronal se limitó a pedir tiempo para analizar en documento y dará su respuesta en la próxima reunión de la mesa prevista para mañana. Fuentes de la negociación han interpretado esta actitud de la CEOE como una intención de "dilatar el ritmo de la negociación" repitiendo la estrategia de las conversaciones de la última reforma laboral. En aquella ocasión, los sindicatos acusaron a los empresarios de forzar una ruptura al entender que el Gobierno legislaría a su favor.
En cualquier caso, empresarios y sindicatos destacaron públicamente que los negociadores del Gobierno no les han impuesto en ningún momento un plazo máximo para llegar a un acuerdo y, en consecuencia, no han amenazado con utilizar la Ley de Acompañamiento para realizar estas modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores. Esto se contradice con las afirmaciones del Ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, quien la pasada semana aseguró en el Pleno del Congreso que la reforma de la negociación colectiva estaría vigente el 1 de enero de 2001. Para ello, el Gobierno podría utilizar nuevamente un decreto haya o no acuerdo.