Hacienda asegura que la rebaja fiscal no tendrá coste neto
El Ministerio de Hacienda asegura que el coste neto de la rebaja fiscal a las pequeñas empresas será nulo, una vez que éste se haya compensado con una mayor recaudación ligada al aumento de la actividad y el empleo.
El Gobierno se resiste a hacer público el coste recaudatorio del plan fiscal para reactivar la economía, enviado el viernes al Consejo Económico y Social (CES) como addenda a la "ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 2002.
El secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga, reconoció ayer que las rebajas tributarias estudiadas en el pasado Consejo de Ministros "tendrán un impacto recaudatorio en el próximo año", pero eludió cualquier comentario sobre el mismo, insistiendo en que el Ejecutivo confía en que la mayor actividad que genere el plan fiscal compense la caída inicial de ingresos tributarios.
En su opinión, medidas como la rebaja del 35% al 18% en la tributación de las plusvalías empresariales que se reinviertan (durante un periodo de cuatro años) servirán para estimular la creación de empleo y, por ende, mejorará la recaudación del IRPF, y del IVA y el resto de tributos ligados al consumo. La compraventa de activos también generará incrementos en el IVA y otros impuestos relacionados con la actividad productiva.
Pero en la mente de los responsables de Hacienda se encuentra también la conveniencia de no realizar pronósticos ante una coyuntura de clara desaceleración económica y con enorme incertidumbre internacional.
Rodríguez-Ponga insistió en que el plan fiscal busca dos objetivos principales: fomentar la inversión empresarial y el ahorro a largo plazo de los contribuyentes. Sobre el primero de ellos, destacó que la elevación de tres a cinco millones de euros (832 millones de pesetas) del volumen de facturación máximo para que una pequeña empresa se pueda aplicar el régimen fiscal de pymes servirá no sólo para reducir el tipo impositivo del 35% al 30%, para los primeros 15 millones de pesetas de beneficios, sino que conlleva otra serie de ventajas tributarias, como la posibilidad de amortización acelerada y regímenes especiales de provisión para insolvencia de deudores (ver gráfico).
3,8 millones, en planes
En el capítulo del ahorro a largo plazo, el secretario de Estado de Hacienda destacó el empujón que se ha dado a los incentivos de planes de pensiones, tanto individuales como colectivos (de empresa). En este sentido, recalcó que aunque las aportaciones máximas anuales a este tipo de planes se mantienen en 1,2 millones de pesetas, con carácter general, la cuantía se ha ampliado para los mayores de 52 de años. Hasta ahora, podían deducirse 100.000 pesetas adicionales por cada año que superara los 52 años, con un máximo de 2,5 millones. A partir del próximo 1 de enero, la cuantía será de 200.000 pesetas adicionales, con un máximo de 3,8 millones de pesetas para lo que cuenten con 65 o más años. A esta mejora se suma, entre otras, la desaparición de los límites porcentuales y la posibilidad de suscribir simultáneamente un plan de pensión individual y ser perceptor de otro colectivo en la empresa que se trabaje, además de poder realizar aportaciones procedentes de cualquier renta con independencia de su origen.
Lo que no se ha tocado ha sido la reforma de la fiscalidad de las prestaciones de los planes de pensión (actualmente se pueden percibir en forma de renta periódica o de capital, de una sola vez). "El debate aún está abierto, con varias opiniones al respecto; preferimos abordarla en la próxima reforma del IRPF", dijo.
Rodríguez-Ponga destacó también la importancia de otras medidas, incluidas en el plan fiscal como el aumento de 10 a 15 años del plazo para la compensación de pérdidas, "un asunto que venía siendo demandado por las empresas tecnológicas para compensar las fuertes inversiones iniciales".
Se refirió también a la adaptación a la normativa mercantil del plazo de amortización del fondo de comercio (tanto el oneroso como el surgido de una operación de fusión), que pasa de 10 a 20 años, y a la ampliación del régimen de consolidación fiscal (posibilidad de compensar pérdidas y ganancias) entre empresas y sus filiales participadas al 75% (hasta ahora sólo era aplicable a las participadas al 90%), "algo que mejorará la neutralidad en procesos de reestructuración empresarial", insistió.
La UE estudiará las ayudas al sector naval
El secretario de Estado de Hacienda se refirió también al establecimiento de un nuevo régimen fiscal de módulos en el impuesto de sociedades para las compañías navieras. Rodríguez-Ponga reconoció que la medida se ha incluido en el paquete fiscal con el ánimo de apoyar al sector naval, en declive y, como tal, los incentivos serán considerados "ayudas fiscales de Estado", por lo que el Gobierno necesitará de la oportuna autorización de las autoridades comunitarias de defensa de la competencia.
"En breve tramitaremos la autorización; no creemos que tengamos problemas, ya que han sido aprobadas ayudas similares en otros Estados miembros, siguiendo los acuerdos adoptados previamente", avisó. Las ayudas al sector naval fueron aprobadas por la UE para hacer frente a la competencia desleal de terceros Estados como Corea.
El nuevo régimen fiscal de módulos para las navieras consiste en el cálculo del impuesto sobre sociedades en función del tonelaje de los buques, mucho más ventajoso que el actual. Los barcos entre una y mil toneladas de registro neto pagarán 0,9 euros diarios por cada 100 toneladas de peso. La escala se amplía hasta embarcaciones superiores a 25.000 toneladas, que pagarán 0,2 euros diarios por cada 100 toneladas de peso.