El sector alimentario denuncia el retraso de los "súper" en los pagos
La industria de alimentación y bebidas acusa a la gran distribución de incumplir los 30 días pactados para el pago de los productos perecederos. Con este motivo, la FIAB, patronal que agrupa a los principales fabricantes, ha enviado una carta al secretario de Estado de Comercio, Juan Costa, en la que pide al Gobierno que tome medidas al respecto. La gran distribución asegura que está cumpliendo todos los plazos conforme a la ley.
El enfrentamiento entre los productores e industriales de la alimentación con la gran distribución ha vuelto a recrudecerse. La Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) asegura que no se están cumpliendo los plazos que marca la ley sobre el pago de los productos perecederos (30 días) y que se están produciendo aplazamientos considerables por parte de las empresas de distribución, sobre todo las grandes superficies.
Con este motivo, la FIAB ha enviado una carta a Juan Costa, secretario de Estado de Comercio, expresando la preocupación del sector y pidiendo al Gobierno que tome medidas para evitar estos incumplimientos. "Además de no cumplir con la ley, estos retrasos dañan a las pymes y tienen efectos inflacionarios", señala Jorge Jordana, secretario general de la FIAB.
Según Jordana, la media de pago del sistema comercial español es de 95 días, incluidos los productos no perecederos. "Sin embargo, en el caso de los grandes grupos esta media se eleva hasta 140 días", añade el secretario general de la FIAB.
Jordana va más allá al apuntar que "ha habido una directiva de la Comisión Europea recomendando acortar los plazos, algo que no se ha hecho. España es el único país de Europa que no ha tomado medidas en este sentido y, de hecho, se ha convertido en el miembro de la UE que registra mayores aplazamientos".
La FIAB acusa a la gran distribución de "deber permanentemente cerca de dos billones de pesetas [12.000 millones de euros] a la industria alimentaria".
Por su parte, las grandes superficies aseguran que están cumpliendo todos los plazos de pago según establece la legislación vigente. Juan Arenas, director general de Anged (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución), la patronal del sector, reconoce que "en los productos no frescos los pagos se realizan a lo máximo que se pueda, como el resto de las industrias y sectores, y de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda".
Pero también señala que "en los productos frescos se están respetando los 30 días. No tengo ningún conocimiento de que se estén produciendo casos de infracción de esta norma".
Fresco o perecedero
Una de las claves del enfrentamiento entre los proveedores y la gran distribución es la diferencia de interpretación del producto al que se refieren cuando se trata de pagar a 30 días. Las empresas agrupadas en Anged hablan de "productos frescos" y en este concepto engloban frutas, verduras, carnes y pescados no congelados. Por su parte, la industria alimentaria se refiere siempre a "productos perecederos", donde se abarca un concepto mucho más amplio.
La Ley 55/99 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que modifica la Ley de Comercio (7/1996), establece que "los aplazamientos de pago de productos alimenticios perecederos no excederán en ningún caso de 30 días, contados a partir del día en que se entregue la mercancía".
Antes de que se llevara a cabo esa modificación de la ley, cuando era secretaria de Estado Elena Pisonero, los comerciantes habían asumido el compromiso del pago antes de 30 días para los productos frescos.
Por tanto, uno de los aspectos que todavía quedan pendientes es la definición de producto perecedero. En este sentido, fuentes del sector de la distribución señalan que "nosotros pagaremos en los mismos plazos en que lo hagan los industriales a sus respectivos proveedores".
Según Carrefour, la compañía está cumpliendo todos los pagos en función de lo que marca la ley, "e incluso antes de 30 días en muchos casos". En esta misma línea se manifiestan fuentes de Alcampo, que añaden que el tiempo medio de pago de la compañía "para productos no perecederos es de 60 a 90 días".
Falta de encuentros
Por otra parte, la FIAB también ha manifestado la necesidad de que se vuelva a convocar el Observatorio de la Distribución, el grupo de trabajo que analizaba y debatía los problemas del sector y en que estaban presentes representantes del Ministerio de Economía, de las Cámaras, de los productores e industriales alimentarios, y del comercio.
"Desde que entró el Gobierno del Partido Popular no se ha vuelto a reunir el observatorio, a pesar de que es fundamental para el sector porque allí es donde se ponen sobre la mesa los problemas y las soluciones posibles", comenta Jordana.
"El Gobierno parece que no tiene ningún interés por el sector, a pesar de que el modelo del observatorio que España puso en marcha lo han copiado los franceses con una ley de reforma de la competencia aprobada en mayo de este año", añade el secretario general de la FIAB.
Propuestas para aprovechar la presidencia española de la UE
El sector alimentario y de bebidas está dispuesto a aprovechar la presidencia española de la Unión Europea que tendrá lugar durante el primer semestre de 2002 para lograr algunas de las reivindicaciones que persigue desde hace tiempo. Con este motivo, la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) ya se ha puesto en marcha y ha elaborado un documento con una serie de propuestas que ha presentado a diferentes estamentos y responsables de la Administración, entre otros, a los ministros de Agricultura y de Medio Ambiente, al secretario de Estado de Comercio y al director general de Sanidad.
En este documento se propone una serie de medidas para reforzar la seguridad en la industria alimentaria y recuperar la confianza del consumidor, así como diversos proyectos en el terreno medioambiental. También expresa la necesidad de integración de las normas sanitarias en la política comercial y de buscar mecanismos que incentiven la innovación en la industria alimentaria.
Además de proponer la búsqueda de un modelo que solucione las diferencias comerciales, el texto elaborado por la FIAB incluye propuestas concretas sobre diferentes sectores, entre ellos el lácteo, los productos agrarios transformados, las conservas de pescado, el sector vitivinícola, las aguas envasadas, las bebidas espirituosas y las frutas y hortalizas transformadas.
Según se señala en el documento, uno de los objetivos es conseguir "un avance legislativo o el lanzamiento de un debate a nivel comunitario del que posteriormente pudieran derivarse propuestas de carácter legislativo".
Los responsables de la FIAB prevén seguir exponiendo esta serie de propuestas a otros representantes del Gobierno.