Junta y trabajadores se dan un nuevo plazo para negociar en Santana
El comité de empresa de Santana y la Junta de Andalucía han acordado este fin de semana aplazar el cierre de la negociación sobre la privatización parcial de la compañía, previsto para hoy, hasta el 4 de octubre. La comisión negociadora volverá a reunirse el miércoles día 3 de octubre para concretar una serie de propuestas lanzadas por el IFA ante las protestas sindicales. Las movilizaciones previstas para el próximo lunes siguen en pie con paros de cuatro horas en la factoría de Linares.
La Junta ha venido insistiendo en que hoy 1 de octubre, la nueva Santana, que sólo retendrá las líneas de montaje y comercialización de vehículos, debe tener 631 trabajadores.
También hoy el parque de proveedores, integrado por las empresas privadas, debe empezar a funcionar con el resto de la plantilla o con mano de obra ajena a Santana si es que los trabajadores se siguen negando a aceptar los empleos que ofrecen las privadas por no estar sujetos al mismo convenio que Santana. El Gobierno andaluz argumenta que este plazo, ahora prorrogado, y las propias condiciones de la privatización que ahora son rechazadas por los empleados se pactaron punto por punto en el Plan de Acción de Santana (PAS), firmado en febrero de este año.
Pese a esta cesión, la Junta sigue firme en su determinación de no destinar ni una sola peseta más a Santana. Las conversaciones entre el comité y la dirección continuarán ahora hasta el viernes, cuando Santana celebra un consejo de administración que sí podría decidir ya sobre la rescisión o la regulación de los empleos sobrantes si la plantilla continúa rechazando su pase a la industria privada.
El PAS ofrece a los empleados de Santana prejubilaciones a partir de los 50 años y bajas incentivadas con un mínimo de ocho millones de pesetas. Unos 600 trabajadores se han acogido a estas líneas, pero todavía deben dejar la empresa cerca de 400 personas para que la plantilla de la nueva Santana quede en un máximo de 631 trabajadores. Las empresas privadas que van a convertirse en auxiliares han ofertado para este excedente un total de 420 empleos fijos que son además subvencionados por la Junta con una media de 7,5 millones de pesetas si suponen peores condiciones laborales que Santana.
"Solidaridad"
En cualquier caso, todos estos contratos -en los que no cabe la movilidad geográfica porque la Junta ha obligado a las empresas a operar en Linares (Jaén), junto a Santana- están sujetos como mínimo al convenio del metal de Jaén y la mitad de ellos iguala el nivel salarial de Santana. Y si estas empresas sufrieran la eventualidad de una quiebra, los trabajadores volverían a Santana. Pese a ello, los trabajadores siguen apreciando falta de garantías.
El consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta, José Antonio Viera, ha venido insistiendo en que las condiciones de la privatización son inmejorables, por lo que ha pedido a la plantilla de Santana "solidaridad" con otras comarcas andaluzas en peor situación económica.