La Iglesia copaba el 15% del negocio de la gestora, según Camacho
El mayor cliente de Gescartera era el Arzobispado de Valladolid, por lo que para la CNMV, ya en 1999, podía resultar perjudicado por las actividades de la gestora. Sin embargo, hablar con el ecónomo de la iglesia no fue fácil. Camacho le protegía hasta tal punto que, según su versión, la entidad amenazó con intervenir la sociedad si el ecónomo no declaraba. Cuando se solicitaron testimonios a otros clientes, ninguno se sentía perjudicado.
El 16 de abril de 1999 Antonio Camacho presentó un escrito ante la CNMV en el que dejó constancia de la actitud de este organismo frente a Gescartera. Entre los aspectos que Camacho destaca, están las visitas y requerimientos que la CNMV realizó a "nuestro principal cliente (Arzobispado de Valladolid), que suponía aproximadamente el 15% de nuestro negocio", y añadió que esto se produjo sin su consentimiento.
Como diversos informes del área de supervisión de la CNMV ponen de manifiesto, una de las cuestiones que más llaman la atención a los técnicos de la CNMV es la actitud de los clientes de la Gestora, que se comportan como una piña en torno a la sociedad que gestiona sus carteras, llegando incluso a no reclamar los saldos que se les adeuda. Durante las actuaciones que el área de supervisión de la CNMV lleva a cabo desde diciembre de 1998, los técnicos intentaron en repetidas ocasiones ponerse en contacto, bien con el Arzobispado de Valladolid, bien con otros clientes para averiguar a qué se debía la diferencia en los saldos de sus cuentas.
Según revela el informe de David Vives, director de la unidad de supervisión "10 de los 12 clientes añaden un comentario cuya similitud en todos los casos es llamativa [todos mostrando su conformidad] y los dos restantes cuyo saldo en la cuenta global es deudor [La Fábrica de Comunicación y Asesores 2000] no reclaman las cantidades que adicionalmente les corresponden".
De la comparación de las cuentas, en 1999, la CNMV detectó un desfase de más de 4.518 millones de pesetas. El descuadre más importante se producía en el Arzobispado de Valladolid. Cuando la CNMV estimó que "la defensa del propio interés del cliente estaba por encima de cualquier otro tipo de consideraciones, se estimó como imprescindible la presencia del cliente" y se encontró con la oposición frontal de Camacho.
Tal fue así que según Camacho, "si nuestro cliente no se personaba en los locales de la CNMV antes de las 13.30 de este día [30 de marzo de 1999], se procedería a la inmediata intervención de nuestra sociedad por parte de la CNMV." Este extremo fue desmentido por los técnicos de la supervisión. Tampoco presentó queja alguna un cliente de Gescartera al que por una multa de tráfico le embargaron una cuenta con poco más de dos millones de pesetas de la que no tenía constancia.
Entre las prácticas detectadas por la supervisión, Gescartera ofrecía diferentes rentabilidades entre clientes con el mismo perfil y el mismo patrimonio invertido. O no les importaba o no lo sabían. La CNMV también detectó importantes deficiencias en la información que enviaba a los clientes, así como el hecho de que cobrara comisiones más altas que la media, de las cuales se llevaba una bonificación, salvo que se tratara de una operación con personas vinculadas a la entidad.
La intervención en 2001 se acordó por hechos habidos ya dos años antes
La falsedad de las certificaciones bancarias aportadas por Gescartera en junio de 2001 a la CNMV determinó la intervención de la sociedad. Así lo pone de manifiesto el resumen de actuaciones realizadas por la institución que Pilar Valiente, ex presidenta de la CNMV, ha enviado al ministro de Economía, Rodrigo Rato. Sin embargo, este hecho no representa una novedad, sino, más bien, una costumbre de Gescartera desde 1998.
Según informes de la unidad de Supervisión de la CNMV (dirigida entonces por David Vives), ya en 1998 Gescartera entregó "certificados de saldos de muy dudosa validez". En enero de 1999, "entregan nuevos certificados cuya falsedad creemos suficientemente probada". Y todos estos documentos aparecen cuando la CNMV quiere contrastar el saldo de la cuenta global de Gescartera con cuentas individualizadas por cliente.
De la comparación, que a duras penas hace la supervisión antes del consejo de 1999 (en el que según Valiente no se pidió la intervención y según su predecesor, Juan Fernández-Armesto, sí), resulta un descuadre de 4.500 millones. Camacho declaró que el dinero estaba en una cuenta en Londres para crear una Sicav en Luxemburgo. El informe de Valiente también señala este dato. Pero cuando el caso pasa de Vives a Antonio Botella (finales de 1999), resulta que esta "liquidez no soportada" estaba depositado en seis entidades diferentes. En abril de 2001, casi dos años después y, tras una sanción a la Gestora por importe total de siete millones de pesetas, la CNMV vuelve a indagar el coeficiente de liquidez. Se dan documentos fuera de plazo y además falsos. Entonces sí se acuerda intervenir.