El sector público regulariza los puestos de trabajo interinos y no contratará eventuales
El Gobierno mantiene para 2002 la prohibición de reponer más del 25% de las bajas vegetativas producidas en las plantillas de los organismos del sector público, con varias excepciones en las Fuerzas Armadas, la policía, los cuerpos policiales autonómicos, la docencia, la prevención de incendios, la sanidad y el personal al servicio de la justicia.
En estos casos permite la Ley de Presupuestos aprobada por el Gobierno que se pueda reponer hasta el 70% de las bajas vegetativas que se produzcan. Además, cualquier reposición que se produzca, siempre dentro de los límites establecidos, debe estar justificada y considerada como absolutamente prioritaria y que afecte "al funcionamiento de los servicios públicos esenciales".
Por lo que se refiere a los ayuntamientos, el referido criterio del 25% de limitación no será de aplicación en los casos de menos de 50.000 habitantes. Estas limitaciones han generado en muchas dependencias de la función pública la proliferación de eventuales e interinos en los últimos años. Para subsanar la situación, "las Administraciones públicas podrán convocar los puestos o plazas que, estando presupuestariamente dotados e incluidos en sus relaciones de puestos de trabajo, catálogos o plantillas, se encuentran desempeñados interina temporalmente".
A cambio, durante el año 2002 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de funcionarios interinos, salvo para cubrir plazas para atender necesidades urgentes e inaplazables. La ley advierte también que los contratos para cubrir "necesidades estacionales finalizarán automáticamente al vencer su plazo temporal".
Cualquier contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de funcionarios interinos debe ser autorizada por los Ministerios de Administraciones Públicas y de Hacienda. Estos ministerios deben igualmente autorizar todas las reposiciones en todas las instituciones, incluyendo RTVE. También varían los tipos de cotización de los funcionarios. La aportación del Estado en el personal civil sube del 5,97% al 6,43%.