El Gobierno aprueba hoy el plan fiscal de choque contra la crisis

Ejecución Presupuestaria. El Consejo de Ministros busca hoy inyectar a la economía el impulso fiscal necesario para salir del actual periodo de desaceleración económica, en el que está inmersa también la Unión Europea y Estados Unidos. Las rebajas tributarias que se barajan se centran en torno al impuesto de sociedades para impulsar la actividad y el consumo. Mientras tanto, la recaudación impositiva sigue resintiéndose por efecto del menor vigor de la demanda interna. El Estado acumuló de enero a agosto un déficit de 615.000 millones de pesetas, el doble que el registrado en el mismo periodo del año 2000. Los ingresos no financieros crecen ya sólo al 1,9%.

E l Consejo de Ministros estudiará hoy la batería de medidas fiscales que tiene previsto aprobar para reactivar la economía. La intención del Gobierno es remitir el plan fiscal al Consejo Económico y Social (CES) para que, una vez haya hecho las objeciones pertinentes, sea incluido en la addenda al proyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 2002. El Gobierno tiene previsto aprobar la Ley de Acompañamiento el próximo viernes y remitirla a las Cortes, donde ya se encuentran los 68 tomos correspondientes a los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, desveló el miércoles en el Congreso de los Diputados que el Ejecutivo no esperará al próximo año para reanimar la economía y ha decidido adelantar parte de las medidas fiscales previstas para el próximo año, en el que está previsto que se inicien los trabajos para la nueva reforma del IRPF.

Montoro desea que el nuevo paquete fiscal sea un auténtico "plan de choque anticíclico" que sirva para estimular el consumo y la producción, yendo más allá de ayudas puntuales a sectores estratégicos o a colectivos que hayan demostrado una especial sensibilidad a la desaceleración económica.

El Gobierno tampoco desea utilizar las medidas fiscales para restringir gasto considerado prioritario, como es el caso de las inversiones en infraestructuras y tecnología o las partidas sociales.

De momento, Hacienda baraja tocar, al menos, tres tributos. El primero de ellos es el impuesto de sociedades. Hasta ahora, el Ejecutivo no era muy partidario de una rebaja generalizada del tipo general del gravamen, situado en el 35%. En estos momentos se está considerando una reducción al 30%, que afectaría a gran parte de pymes. Muchas de ellas ya gozan de incentivos especiales.

El impuesto de actividades económicas (IAE) sería otro tributo tocado. La intención del Gobierno era hacerlo desaparecer el próximo año. En estos momentos, se estudia el adelanto de esta supresión. La posibilidad de que pueda ser deducido a través del impuesto de sociedades es más improbable. El adelanto de la supresión del IAE cuenta con el rechazo de los municipios, cuya financiación depende, en gran parte, de este tributo.

Por otro lado, el Ejecutivo está estudiando incentivos a las empresas que faciliten la apertura de planes de pensiones colectivos entre sus empleados. El apoyo a este tipo de ahorro colectivo está bien visto por el Gobierno, ya que, además de erigirse como un sistema de planificación en el que puede beneficiarse el sector privado, sirve como instrumento de control de la inflación, debido a que parte de la subida de sueldo de los trabajadores iría como salario diferido, que, por definición, no sería inflacionista.

En la mano del Ejecutivo está también la posibilidad de incrementar el tipo de algunos impuestos especiales, como el alcohol o los hidrocarburos, tributos que la UE lleva bastante tiempo aconsejando a España que eleve para armonizarlo con la media comunitaria. El efecto sobre el consumo sería reducido, dada la demanda inelástica con que cuentan estos bienes.

Por otra parte, es poco probable que el Ejecutivo varíe la legislación sobre IRPF, ya que este tributo está previsto que se modifique el próximo año. El Gobierno ha prometido rebajar los tipos marginales máximos y mínimos, simplificar la tarifa y favorecer aún más a los contribuyentes con elevados gastos familiares o con personas a cargo.

Asimismo, el IVA es otro tributo que no es probable que se toque, a no ser que se aceleren los compromisos adoptados con Bruselas, como la subida del tipo del 7% al 16% para el caso de las autopistas.

 

El déficit del Estado aumenta hasta 615.000 millones

La desaceleración económica sigue haciendo mella en los cuentas del Estado. Tanto es así que en los ocho primeros meses del año, el déficit del Estado, en términos de contabilidad nacional (criterio utilizado por Eurostat y que computa los ingresos y gastos cuando se devengan) se ha acelerado hasta 615.400 millones de pesetas (3.699 millones de euros), lo que representa el 0,57% del PIB.

Esta cifra duplica con creces (un 114,1% más) la obtenida en el mismo periodo de 2000, en el que se llevaba acumulado un déficit de sólo 287.500 millones de pesetas.

En términos de caja (criterio que computa los ingresos y gastos cuando se ejecutan en tesorería) el déficit del Estado ascendió a 1,76 billones de pesetas, un 36% más que el de enero a agosto de 2000. La evolución corresponde a un incremento de los gastos no financieros del 5% (hasta 14,57 billones de pesetas), muy superior al 1,9% de los ingresos (12,81 billones).

No obstante, la secretaria de Estado de Presupuestos, Elvira Rodríguez matizó ayer que, al igual que viene ocurriendo en los últimos meses, estos datos están muy condicionados por el notable aumento en el ritmo de devoluciones del IRPF y por el incremento en las del IVA. En el caso del IRPF, esas devoluciones alcanzaron 1,083 billones, frente a los 897.800 millones de pestas de 2000. En cuanto al IVA, la diferencia entre las devoluciones realizadas este año y las del pasado ejercicio supera ya los 370.000 millones de pesetas.

Con todo, esta razón no es suficiente para justificar la fuerte desaceleración de los ingresos por IVA (3,71 billones de recaudación), que ya sólo crecen al 1,3%, muy por debajo del PIB previsto (3%).

La recaudación por impuestos especiales, ligada de igual manera al consumo, también agoniza, con un incremento del 1,9%. Con todo, Elvira Rodríguez insistió ayer en que el equilibrio fiscal de las administraciones públicas (déficit cero) "está garantizado" ya para este año, a pesar de la evolución de los ingresos.

 

El desvío del IPC costará al menos 160.000 millones para pensiones

El Gobierno ha empezado a echar cuentas de lo que le costará al Estado este año la desviación de la inflación real sobre la prevista, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con los pensionistas para que éstos no pierdan poder adquisitivo, según garantiza la ley.

La secretaria de Estado de Presupuestos, Elvira Rodríguez, indicó ayer que el Gobierno prevé que la inflación se sitúe en noviembre en torno al 3%, "cerca de un punto por encima de la previsión inicial".

Aunque en los Presupuestos Generales del Estado para 2002 no hay incluida, de momento, ninguna cifra al respecto, la secretaria de Estado de Hacienda reconoció que el Ejecutivo está trabajando con una desviación de inflación cercana al punto, para calcular las compensaciones a las que tendrá que hacer frente.

Los pensionistas tienen asegurado para este año un incremento del 2%, de acuerdo con el objetivo oficial de inflación marcado por el Banco Central Europeo (BCE) para el conjunto de los países de la zona euro.

Si finalmente la desviación es del entorno de un punto, los pensionistas deberán recibir una paga extraordinaria por un total cercano a los 80.000 millones de pesetas.

Consolidación

Además se destinarían otros 80.000 millones de pesetas a consolidar este incremento en las prestaciones futuras, a partir de enero de 2002. En total, cerca de 160.000 millones de pesetas, a repartir entre los Presupuestos de este año y los del que viene. Esta cifra se cerrará en noviembre, cuando se conozca el IPC interanual de ese mes.

El año pasado, la inflación interanual se situó en noviembre en el 4,1%, por lo que la desviación sobre el objetivo inicial (2%) fue de más de dos puntos, lo que obligó al Gobierno a realizar un pago adicional a los pensionistas de unos 350.000 millones de pesetas, a repartir entre una paga única y la consolidación de la subida para los ejercicios posteriores.